Preocupación en barrios populares de Bariloche por posibles desalojos tras cambios en la regulación nacional
La referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Gladys González, expresó su preocupación por la situación que atraviesan distintas familias de la ciudad ante posibles desalojos vinculados a cambios en la regulación nacional de tierras y a las dificultades para avanzar en los procesos de regularización.
Según señaló, muchas personas que viven en barrios populares no cuentan con recursos económicos suficientes para afrontar trámites legales ni procesos administrativos.
“Muchos hablan de control de los papeles de regularización pero no todas las familias tienen dinero y esos barrios son los que quedan sujetos a expropiación. Son lugares donde vive gente humilde que no tienen para pagar en dólares, y ellos viven solamente con la plata del día a día”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que avanzar con la regularización “no es tan fácil porque son muchos trámites” y apuntó contra el recorte de fondos destinados al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
“Si el gobierno no ayuda al RENABAP va a ser muy difícil porque la gente no puede regularizar”, afirmó.
“Hay barrios donde apenas alcanza para comer”
González explicó que la situación económica profundiza aún más la vulnerabilidad de muchas familias que hoy enfrentan intimaciones o amenazas de desalojo.
“Muchos barrios no les alcanza más que para comer y mucho menos para un plan de readecuación monetaria”, manifestó.
Además, alertó que las familias que no están incluidas dentro del RENABAP quedan aún más expuestas: “Los que no están en RENABAP están expuestos”, indicó.
Frente a este escenario, comentó que vecinos y organizaciones evalúan impulsar un amparo colectivo para intentar frenar posibles desalojos, aunque aseguró que no existe acompañamiento oficial.
“Están planeando hacer un amparo colectivo como una última instancia”, señaló.
Denuncias por presiones y cartas de desalojo sin datos completos
La referente social también cuestionó las modalidades con las que, según denunció, se están realizando algunas intimaciones a familias de barrios populares.
“Las intimaciones no tienen numeración solamente tienen los nombres de calle y los nombres de los vecinos para que se presenten”, afirmó.
Incluso aseguró que algunas personas habrían sido intimidadas mediante referencias a supuestos contactos judiciales.
“En el momento en el que aparecieron dijeron que estaban con un juez, lo cual no puede realizarse. Es como que buscan asustar a la gente”, expresó.
González relató además el impacto emocional que genera esta situación en las familias afectadas.
“Vi a muchas familias que se desesperan porque no tienen plata para un abogado y no saben qué hacer. Solamente queda el recurso de amparo, pero no es una seguridad”, sostuvo.
Sospechas sobre maniobras inmobiliarias
Durante la entrevista, González también apuntó contra empresas e inmobiliarias que, según denunció, estarían detrás de operaciones sobre terrenos ocupados por familias vulnerables.
“Hay una empresa que trabaja con una inmobiliaria y según lo que estaban investigando estarían repitiendo el mismo modus operandi en distintos países de Latinoamérica, en donde le sacan el terreno a la gente y se los dan a inmobiliarias para que los vendan”, afirmó.
Según explicó, las maniobras apuntarían específicamente a sectores vulnerables que no cuentan con recursos económicos ni asesoramiento legal.
“Ellos ganan millones y la gente se queda sin nada. Cobran en dólares y la gente a veces no llega a un sueldo básico”, expresó.
Finalmente, sostuvo que las inmobiliarias “atacan a las personas vulnerables, que saben que no pueden pagar abogado, que no pueden negociar porque no tienen dinero”, y advirtió que detrás de esos procesos “ordenan el desalojo y ganan mucho dinero mientras la gente se queda en la calle”.