2026-05-20
Francisco Adorni rectificó su declaración patrimonial para incorporar una millonaria herencia
El diputado provincial realizó la presentación ante las autoridades de control en el marco de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.
Francisco Adorni, diputado de La Libertad Avanza (LLA) y hermano del Jefe de Gabinete, rectificó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). El legislador bonaerense incorporó una herencia de 21 millones de pesos. El exfuncionario realizó la presentación tras ser imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa judicial está a cargo del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello.
La herencia declarada por el legislador figura formalmente en la documentación como dinero efectivo en el país. El texto técnico presentado por el imputado no precisa el origen específico de dicho monto financiero. Por el mismo delito penal se encuentra bajo investigación su hermano, Manuel Adorni. El trámite de este último expediente lo llevan adelante de forma paralela el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.
El legislador provincial también corrigió datos sensibles vinculados a un crédito hipotecario con el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO). Adorni aseguró ante las autoridades que aún mantiene una deuda de 57 millones de pesos por ese concepto. Esto contradice una denuncia previa que señalaba la supuesta cancelación total de un crédito de 70 millones de pesos, situación cuestionada por sus ingresos.
La presentación modificada registró además la venta de un vehículo particular. En el mismo acto administrativo detalló la adquisición del 50% de otro automóvil por un valor de 10,7 millones de pesos. Asimismo, el diputado actualizó el valor de su vivienda familiar ubicada en la localidad de City Bell. Según la nueva documentación, el inmueble vale 67,5 millones de pesos, frente a los 38,7 millones declarados en 2024.
En la causa que tramita en su contra, el juez Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado. La Justicia busca determinar si existieron inconsistencias en su evolución patrimonial real. La investigación abarca desde el año 2024, período en el cual ingresó formalmente a la administración pública nacional. Los peritos contables analizan los movimientos financieros del entorno familiar.
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