La Sociedad Rural se presentó en la Justicia y respaldó la reforma laboral
En un contexto de tensión legal, la Sociedad Rural Argentina (SRA) ha decidido presentarse en el ámbito judicial para defender la Ley de Modernización Laboral 27.802, insistiendo en la importancia de no suspender su aplicación. Este debate legal surge a partir de la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado nacional, llamando al cuestionamiento de dicha legislación.
La postura de la SRA es clara al solicitar su intervención como tercero en el caso denominado “Confederación General del Trabajo c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa”. En esta arremetida judicial, la entidad busca apoyar la defensa gubernamental en lo que respecta a la constitucionalidad y aplicación plena de esta norma. Fundamentan su intervención basándose en los efectos adversos que una eventual suspensión o inconstitucionalidad tendría directamente sobre el empleo, así como sobre los costos de producción y el funcionamiento económico, especialmente dentro del sector agropecuario.
Profundizando en su argumentación, la Sociedad Rural ha expuesto que detener la implementación de la ley impactaría negativamente en la previsibilidad jurídica y el curso normal de las relaciones laborales a nivel nacional. Han respaldado, además, el enfoque del Estado respecto a la competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal, puntualizando que las impugnaciones relacionadas a leyes del Congreso son impropias del ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo.
A este respecto, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, junto con quienes integran la mesa de enlace, han expresado su disconformidad con la medida cautelar que actualmente paraliza la ley. Indican que tal medida representa una alteración del principio de separación de poderes al invalidar una legislación vigente y aprobada por el Congreso Nacional. Analizando el trasfondo de la ley, desde la SRA afirman que su objetivo es incentivar la formalización del empleo, reducir litigios innecesarios y aumentar la competitividad sin mermar los derechos fundamentales de los trabajadores.
Por otro lado, el organismo reafirmó su dedicación en favor de la producción, el trabajo formal y el respeto a las instituciones en su conjunto. También puso de manifiesto su postura respecto a los rumores sobre un fideicomiso para financiar el mantenimiento vial hacia los puertos del Gran Rosario, sugiriendo que sentiría como pertinente la participación directa de los productores agropecuarios en tales proyectos. Subrayaron la importancia estratégica de una infraestructura vial óptima para la competitividad del sector agroindustrial.
En últimas instancias, expresaron preocupación sobre la potencial imposición de un nuevo coste ligado al transporte de cargas, advirtiendo del considerable aumento de los gastos logísticos para los productores agropecuarios que ya soportan una carga impositiva significativa. La Sociedad enfatiza que el financiamiento para infraestructura esencial debería considerarse dentro de una política holística con una correspondiente intervención del Estado nacional y provincial.