El Gobierno recurrió a la Corte Suprema para no aplicar la ley de emergencia en discapacidad

En un nuevo capítulo de la tensa disputa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, el Gobierno Nacional ha decidido llevar su controversia por la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta la Corte Suprema de Justicia. Con un recurso extraordinario, el Ejecutivo busca impugnar un reciente fallo que ordena la plena y efectiva aplicación de dicha ley. Este desarrollo respalda argumentos de severo impacto fiscal y lo que el gobierno describe como un riesgo de 'gravedad institucional'.

Todo comenzó cuando el Congreso promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad en julio de 2025, ley que presuntamente apunta a ofrecer un marco más sólido de protección y servicios para individuos con discapacidades en todo el país. Sin embargo, lo que parecía ser una gran victoria para defensores de derechos, fue seguida rápidamente por un veto presidencial, el cual fue desafiado y derrotado en el Poder Legislativo.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo movió ficha decretando la suspensión de su implementación por el Decreto 681/2025, sosteniendo que no se habían establecido fuentes claras de financiamiento para sustentar las responsabilidades financieras significativas que la legislación implica.

Surgió entonces una demanda colectiva judicialmente que vetó el decreto. En abril, el juez Adrián González Charvay, a cargo del caso, decretó que la suspensión del decreto era inválida, afirmando además que el Ejecutivo había utilizado instrumentos fuera de su jurisdicción, es decir, usurpó atribuciones que pertenecen exclusivamente al Congreso. Remató su sentencia al afirmar que, legalmente, el Jefe de Gabinete posee autoridad para asignar fondos necesarios en el cumplimiento de la ley.

La controversia legal tomó otro giro cuando la Cámara Federal de San Martín clasificó la cuestión como 'abstracta', lo cual dejó espacio al recurso por parte del Gobierno. Este último sostiene que las potenciales consecuencias son de una significancia tal que afectan no solo a las partes involucradas en el litigio, sino al país en su conjunto. La implementación de la sentencia podría, según el argumento gubernamental, desbalancear el estado financiero nacional dada la magnitud del gasto público que implicaría, comprometiendo el esquema de seguridad social establecido y el abastecimiento de áreas críticas a nivel nacional.

Así, el escrito oficial solicita de forma decidida que la Corte Suprema suspenda la ejecución del fallo hasta brindar una resolución firme. Alegan que el caso presenta una dimensión que supera intereses individuales, ya que compromete políticas públicas más amplias y los fundamentos del equilibrio fiscal del país.