Golpe al tráfico de armas en 13 provincias: caen ex empleados del RENAR entre los implicados
La PFA (Policía Federal Argentina) dio un golpe histórico al crimen organizado al desmantelar una organización dedicada al tráfico nacional e internacional de armas y al lavado de activos.
El megaoperativo, denominado "Operación Armas Sin Fronteras", incluyó 140 allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y otras 12 provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Neuquén. La investigación, que se extendió durante dos años, permitió la detención de 35 integrantes (31 hombres y 4 mujeres), incluyendo a exempleados del RENAR (Registro Nacional de Armas), hoy ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados).
La red criminal operaba bajo una estructura sofisticada: utilizaban a "testaferros" o personas de bajos recursos -quienes eran reclutados, manipulados o incluso extorsionados- para adquirir armas de fuego de forma lícita. Una vez compradas legalmente, la banda contaba con la complicidad de exfuncionarios del organismo de control que facilitaban los trámites de transferencia y diligencias. Posteriormente, las armas eran acopiadas, se les adulteraba la numeración y se desviaban al mercado negro nacional o se contrabandeaban hacia Chile y Uruguay.
El arsenal secuestrado durante los procedimientos es de una magnitud pocas veces vista: armas largas: 25 escopetas (calibre 12,70mm), 7 fusiles (calibre 308mm), 5 carabinas (calibre 22mm) y 8 ametralladoras (calibre 9mm).Armas cortas: 55 pistolas (calibres 9mm, 45mm y 22mm), 17 revólveres (calibres 38mm, 357mm y 32mm) y 3 pistolones.
Explosivos y municiones: una granada de mano MK2, dos cuñetes de pólvora y más de 43.100 proyectiles de diversos calibres. Otros elementos: máquinas de recarga, 32 cargadores, 10 teléfonos celulares y dosis de estupefacientes conocidos como "Tusi" (cocaína rosa) y marihuana.
El dinero obtenido por estas ventas ilegales era "blanqueado" a través de un esquema de lavado de dinero centrado en el sector inmobiliario, con la compra de propiedades para ocultar el origen ilícito de los fondos. Las autoridades detectaron que las armas vendidas por esta banda terminaron vinculadas a hechos de sangre y otros delitos graves tanto en Argentina como en países limítrofes. La investigación fue encabezada por el DFI (Departamento Federal de Investigaciones) y la Superintendencia de Investigaciones Federales a través del Departamento Investigaciones Antimafia.
El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y la UFECO (Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada). Este golpe representa uno de los mayores éxitos recientes contra el desvío de armamento legal hacia organizaciones criminales de la región.