Diversas protestas contra el Gobierno nacional coincidieron en el Centro Cívico
Tres protestas ante posturas del Ejecutivo nacional convergieron en el Centro Cívico de Bariloche.
Por un lado, hubo una reunión de personas que viven en barrios populares, preocupadas ante el impulso del Estado de una modificación normativa que, según dijeron, posibilitaría desalojos express.
Asimismo, tras concentrarse en la sede local de la Universidad Nacional del Comahue, en Quintral 1250, docentes y alumnos se acercaron a la plaza emblema de Bariloche para realizar una volanteada y charlar con los transeúntes acerca de la importancia de que se cumpla con la Ley 27.795, de financiamiento universitario.
Y, además, a partir de una convocatoria que se originó en la Asamblea Antimegaminería de Bariloche, se protestó contra el intento de modificar la Ley de Glaciares.
Diversos reclamos convergieron en el Centro Cívico.
¿LLEGAN DESALOJOS?
A las 18 en punto, una gran cantidad de vecinos de barrios populares barilochenses —rondaron las setenta personas— se reunieron en círculo en uno de los ángulos del Centro Cívico, para compartir información respecto a la posibilidad de que la gestión nacional consiga avanzar en un paquete de medidas que incluye variaciones en la situación de los barrios populares de la Argentina.
Preocupación de habitantes de barrios populares.
Precisamente, durante la jornada, en Buenos Aires, en un plenario de comisiones del Senado, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió un proyecto de ley que blindaría la propiedad privada, enviado por el presidente Javier Milei al Congreso semanas atrás, donde figura un cambio referido a una norma vigente desde 2018, es decir, durante la gestión de Mauricio Macri.
Se trata de la Ley 27.453, del Régimen de regularización dominial para la integración socio urbana.
“En diez años se ha resuelto el 0,08 por ciento de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos doce mil quinientos años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”, dijo Sturzenegger.
La intención es comenzar a difundir lo que podría pasar en caso de que se cambie la normativa.
En Bariloche, Luciano Celsi, de la Mesa de barrios populares, consideró, contrariamente a lo expuesto por el ministro, que “la norma generó políticas públicas importantísimas, inéditas hasta ese momento, con mucho impacto”.
“Mediante esa ley, se logró agrupar a todos los barrios populares de Argentina. Así, se estima que, aproximadamente, entre el doce y el quince por ciento de la población del país vive en barrios populares, hoy relevados a través del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap)”, sostuvo Celsi, quien detalló que “en Bariloche hay treinta y ocho, donde viven unas cinco mil familias”.
Jornada de protestas en el Centro Cívico.
Así, apreció que, de modificarse la normativa: “Nuestras viviendas pasarían a tener posibilidad de ser desalojadas”. Incluso, habló de “desalojos express”.
“Esperemos que los representantes nacionales no aprueben esta modificación, porque sería un paso atrás de los derechos ya adquiridos por quienes vivimos en barrios populares”, indicó.
Diversas edades y reclamos coincidieron en la plaza emblema de Bariloche.
Celsi explicó que este proyecto de modificación es parte de “un paquete que llaman de defensa de la propiedad privada, pero, en realidad, tiene que ver con el avance de las minorías para apropiarse de grandes cantidades de tierra, que, básicamente, es lo que han hecho en la Argentina todo este tiempo. En realidad, es lo que ha generado originalmente el problema, porque, a pesar de que el acceso a la tierra y a la vivienda es un derecho constitucional, nunca se aplicaron políticas públicas adecuadas, lo que decantó en este inconveniente enorme, donde aproximadamente el quince por ciento de la Argentina vive en barrios populares”.
En tal sentido, recordó que la denominación “barrios populares” refiere a lo que anteriormente se conocía como “asentamientos, donde la cuestión dominial no está regularizada”. Y apuntó: “Son barrios que se han ido conformando informalmente; la manera que encontramos de existir en este mundo, ya que no había políticas de acceso a la tierra y a la vivienda”.
Diversos carteles se expusieron en el Centro Cívico.
LA EDUCACIÓN
En lo referido a la acción en defensa de la educación pública originada en la Universidad Nacional del Comahue, Agustina López, que cursa el Profesorado de educación física en la casa de altos estudios, expresó: “Los salarios docentes están desfazados desde 2023, que fue el momento en que mayor inflación hubo, y los sueldos nunca se recuperaron. Están cobrando muy por debajo de lo que deberían ganar, y existe una norma vigente que el Gobierno nacional no está cumpliendo”. Esa referencia apuntaba a la Ley 27.795, de financiamiento universitario.
“La universidad cada vez sufre más recortes”, dijo Agustina, y prosiguió: “Apagamos estufas, luces… Pero estamos en Bariloche, va a llegar el invierno y no creo que apagar la calefacción sea una buena opción”.
El reclamo por la educación pública también llegó a la plaza.
Además, sostuvo: “Hay cátedras que se están quedando sin docentes, porque migran a otros trabajos para solventar sus vidas. Muchos son madres y padres, incluso teniendo cargos de treinta horas no les alcanza para llegar a fin de mes. Les es más redituable irse a trabajar a otro lado que seguir ejerciendo la educación”.
Sobre el sistema de becas, expuso: “Cada vez se recortan más y es menos la gente que puede acceder a ellas. Son muchos los estudiantes que vienen de otros lados y no pueden contar con eso”.
La acción desarrollada en el Centro Cívico fue calificada como de visibilización con volanteada, algo similar a lo que hicieron recientemente en Pioneros y Campichuelo, y que, según manifestó Agustina, seguirán realizando “hasta que la ley se cumpla”.
“No vamos a parar”, sentenció.
Megáfono y parche en el ojo.
ESTADO GLACIAR
Mientras avanzaba el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares (26.639) en la Cámara de Diputados de la Nación, proyecto que ya contaba con media sanción del Senado, la Asamblea Antimegaminería de Bariloche volvió a reunirse en el Centro Cívico para mostrar su oposición a la intención gubernamental.
Cora Langbehn, integrante de ese movimiento, afirmó: “Se está desprotegiendo el último uno por ciento que quedaba protegido; este Gobierno no considera a la naturaleza en sí misma como un valor”, advirtió.
El cuidado de los glaciares es un tema donde se ve una alta coincidencia de opinión popular.
“Nosotros vemos a los glaciares como reservas estratégicas de agua que no se pueden entregar así nomás”, expresó Langbehn, quien también reflexionó: “Creo que la gente está tomando conciencia y apoya esta posición”.
Así, advirtió: “Queremos que los diputados sepan que el pueblo está con los glaciares”.
Convocados por el agua.
Al respecto, Armando Aligia, también miembro de la Asamblea Antimegaminería y referente de la izquierda local, sumó que, en una reciente encuesta, “sólo el once por ciento de la población apoyaría la modificación”.
De tal manera, recordó que, en su momento, la norma se aprobó tras “un estudio científico detallado del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Universidad Nacional de Cuyo y el Gobierno de Mendoza)”.
Los carteles abundaron.
Ante la perspectiva del avance de la intención del Gobierno nacional, Aligia adelantó: “En caso de que se apruebe la modificación, seguiremos dando pelea”.