Fuego en la Patagonia: legisladores nacionales piden declarar el estado de emergencia ígnea y ambiental por 180 días
En la Cámara de Diputados de la Nación, se presentó un proyecto para declarar “el estado de emergencia ígnea y ambiental por el término de ciento ochenta días, en todo el territorio de las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, afectadas por los incendios forestales de magnitud extraordinaria iniciados en enero de 2026”.
La propuesta —de legisladores patagónicos pertenecientes al bloque de Unión por la Patria— apunta a que el Poder Ejecutivo Nacional asigne “fondos específicos con el fin de solventar las medidas de ayuda sanitaria, nutricional y habitacional destinadas a los habitantes damnificados”.
De tal manera, los diputados exponen la necesidad de “disponer la asignación extraordinaria de Aportes del Tesoro Nacional” a las provincias mencionadas, “con el objeto de mitigar las consecuencias económicas, sociales, ambientales y de infraestructura derivadas de los incendios”. El proyecto aclara que la medida “deberá ejecutarse bajo criterios de celeridad, equidad y magnitud del daño”. Asimismo, se remarca que los montos deben destinarse exclusivamente como ayuda a las poblaciones damnificadas; la reconstrucción de infraestructura pública crítica que hubiera sido dañada, así como la construcción de la que sea necesaria, a efectos reparatorios de los daños específicos y restablecimiento de servicios esenciales; asistencia financiera a municipios y comunas rurales afectadas; acciones de reparación ambiental; asistencia a los productores locales.
Además, los legisladores piden que se instruya “a la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) a liquidar de forma inmediata la duplicación de los montos (cien por ciento de refuerzo) de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Prestación por Desempleo”, a los ciudadanos residentes en las zonas afectadas, “por un período de tres meses, renovable por decisión del Poder Ejecutivo Nacional mientras subsista la emergencia”.
Por otra parte, apuntan a que el Ministerio de Economía arbitre los medios para “ejecutar obras de remediación en los sistemas de captación y distribución de agua potable dañados”, así como “financiar la reconstrucción de las viviendas y la reparación de bienes muebles particulares destruidos”.
En cuanto a un “alivio fiscal”, piden que, “para las personas humanas y jurídicas cuya actividad principal se desarrolle en las zonas afectadas y esté vinculada al turismo y/o la producción regional”, se establezca una “prórroga y exención de impuestos nacionales (ganancias y bienes personales) por el ejercicio 2026”, y que ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) suspenda por ciento ochenta días “el inicio de juicios de ejecución fiscal y el dictado de medidas cautelares”. También pretenden que el Banco de la Nación Argentina disponga “líneas de crédito con tasa bonificada y plazos de gracia de dice meses”.
Por otra parte, exponen la intención de que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) coordine “el desplazamiento de brigadistas y medios aéreos de forma interjurisdiccional, garantizando el apoyo logístico permanente a los cuerpos de bomberos voluntarios y brigadas provinciales”.
A la vez, solicitan que se disponga “el pago de un adicional extraordinario por emergencia a los combatientes de incendios forestales de la Administración de Parques Nacionales y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en virtud de la mayor carga horaria y el estado de disponibilidad permanente que la situación de catástrofe actual les demanda”.
En otro punto, los diputados firmantes refieren a la protección del suelo, indicando que debe prohibirse, “por el término de diez años”, cualquier modificación en su uso en las áreas boscosas incineradas.
Por último, los legisladores invitan a “las provincias afectadas a adoptar medidas de alivio similares”, recalcando que las acciones a nivel provincial deberían apuntar especialmente a regímenes tarifarios para servicios públicos —energía eléctrica, agua potable y transporte urbano—, además de la implementación de un adicional extraordinario para los combatientes de incendios forestales de cada jurisdicción.
Más allá de esa recomendación, entre los fundamentos que acompañan al proyecto, los diputados reconocen acciones provinciales previas, considerando: “La aprobación de este proyecto de ley y, en consecuencia, el involucramiento del Estado nacional se ha vuelto imperativo ante un escenario de desastre que ya viene siendo advertido y delimitado por las administraciones provinciales. La vigencia de la emergencia ígnea en Neuquén (Decreto N° 198/2025), en Río Negro (Decreto N° 1004/2025) y en la cordillera de Chubut (Decreto N° 1392/25), da cuenta de una vulnerabilidad extrema y una inminencia del peligro que finalmente se tradujo en esta catástrofe. Estos marcos legales provinciales son el antecedente técnico que obliga al Poder Ejecutivo nacional a acompañar con recursos extraordinarios. No hay margen para la dilación cuando el riesgo advertido se convierte en realidad y miles de argentinos ven cómo el esfuerzo de toda una vida se reduce a cenizas en cuestión de segundos. Ante tragedias de esta magnitud, que desbordan cualquier previsión presupuestaria local, la respuesta del Estado nacional debe ser inmediata, solidaria y sin fisuras”.