Denuncian trato "denigrante y violento" tras el amparo colectivo por pensiones por discapacidad
El Juzgado Federal de Viedma emitió un fallo mediante el que ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en el plazo de cinco días, las pensiones no contributivas a personas con discapacidad suspendidas de manera intempestiva y sin notificación previa por el Gobierno nacional.
En diálogo con El Cordillerano, Luis Suero, director de Crearte explicó que ante la inacción de organismos como la Defensoría del Pueblo y otros, se decidió presentar el amparo con la asistencia de la legisladora Odarda y su equipo técnico para redactar el documento judicial necesario.
"Lo novedoso y lo importante es que ahora con este fallo, que es colectivo, al darnos el juez la posibilidad de representación, a Crearte Acufa y el brote de toda la persona con discapacidad, esa representación colectiva no tiene que hacer cada uno un amparo", detalló. Tres organizaciones de Bariloche que se dedican a garantizar el acceso a los derechos de las personas con discapacidad.
Suero agregó que la auditoría significó someter a personas vulnerables a un trato denigrante en beneficio de un negocio para terceros y que las medidas del Gobierno Nacional solo contribuyen a tratos denigrantes y violentos.
"En el caso de la discapacidad, ha sido terriblemente violento el trato, el someterlos a todos al escarnio, tener que auditar sus pensiones cuando el Estado tiene millones de formas mucho menos violentas, más efectivas, menos complejas, tiene toda la información a su disposición. Vos pensá que el último censo arrojó que la Argentina tiene alrededor del 12% de personas con discapacidad, o sea somos casi 5 millones, 4 millones y algo, o sea que eso habla de que por lo menos tiene que haber casi 5 millones de personas con discapacidad en la Argentina. De acuerdo a la convención, esos 5 millones deberían tener acceso a una pensión por la situación de discapacidad; estamos hablando de un millón y medio de pensiones otorgadas. Entonces, realmente, el problema no es que si se han otorgado mal las pensiones o no se han otorgado mal las pensiones: el problema es que el Estado todavía no ha llegado ni a un tercio de la cantidad de pensiones que tienen que otorgar, y ese es el verdadero problema."
Aseguró que el Estado tiene formas menos violentas y más efectivas de auditar las pensiones y podría aprovechar para evaluar la situación real de las personas con discapacidad.
"Y de paso no estaría mal, porque si el Estado puede ir a ver en qué situación está cada una de las personas a las cuales se les otorgó una pensión, podríamos tener un reglamento un poco más claro y exhaustivo de cómo se encuentran hoy, cómo se encuentran con respecto a la alimentación, cómo se encuentran con respecto al acceso al trabajo, el acceso a la justicia, en cuanto a la vivienda, en cuanto a la medicación, etc. Podría ser un excelente trabajo y no la denigrante labor de hacerlos concurrir todos a un centro, hacerlos esperar cuatro horas para dos preguntas, y además que nadie investigó el curro que significó las auditorías, ¿no?", concluyó.