¿Bariloche podría quedarse sin referéndum en noviembre?

Concejales de San Carlos de Bariloche presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro una demanda por conflicto de poderes contra el intendente de la ciudad, Walter Cortés. Señalaron que el jefe comunal pretende atribuirse facultades exclusivas del Concejo, como la creación de tributos, a través del referéndum convocado para noviembre.

Lee también: Detuvieron a un hombre tras atacar a un anciano y provocarle heridas

Los ediles explicaron que intentaron agotar las vías de diálogo político, pero que ante la falta de respuesta del Ejecutivo decidieron judicializar el reclamo. El STJ ya reconoció la existencia del conflicto y debe resolver en un plazo de unos 15 días si anula el referéndum.

Mientras tanto, los concejales advirtieron al Intendente que se abstenga de realizar gastos vinculados a la consulta popular, tras conocerse que el municipio destinó unos 25 millones de pesos para capacitaciones en distintos puntos de la ciudad. Recordaron que, si la Justicia declara la nulidad, los funcionarios podrían responder con su patrimonio personal.

Los representantes de cuatro bloques remarcaron que el objetivo no es una disputa partidaria, sino defender la institucionalidad y el normal funcionamiento del municipio: "El Intendente de la ciudad nos ha arrastrado a todos los representantes, en este caso del Consejo, a una situación inédita. Pretende atribuirse facultades que no le corresponden. Todas las acciones que realizamos son en defensa de la institucionalidad, es por eso que hicimos esta presentación. Tanto el Procurador como la Jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia ven favorables los planteos que hemos hecho como concejales". comentó el concejal Leandro Costa Brutten. 

También cuestionaron que el referéndum incluya preguntas “confusas” y temas que deben resolverse en el ámbito del Concejo, como la regulación de aplicaciones de transporte tipo Uber o la creación de nuevas tasas.

Finalmente, llamaron al intendente a retomar el diálogo político para evitar este tipo de conflictos mientras la Justicia define si el plebiscito será anulado.