El Consejo Académico del Instituto Balseiro emitió una dura declaración
En el marco de una sesión extraordinaria, a puertas abiertas y con la presencia de la comunidad educativa —incluyendo personal docente, no docente y estudiantes—, el Consejo Académico del Instituto Balseiro aprobó una dura declaración sobre la situación presupuestaria del sistema de educación superior y de instituciones de ciencia, tecnología e innovación de Argentina.
De tal manera, se definió manifestar acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “en cuanto a la necesidad de priorizar la educación pública, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología e innovación y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria para superar los desafíos que enfrenta la sociedad argentina en su conjunto”.
Asimismo, se coincidió en exigir “la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795”.
Además, se adhirió “a la solicitud del CIN al Gobierno nacional para que el país cuente con una ley de presupuesto nacional que garantice el funcionamiento, el sostenimiento y la rendición de cuentas de todo el Estado, que incluya el monto mínimo allí propuesto para el sistema universitario”.
En la declaración del Instituto Balseiro se sumó el deseo de “confluir en una gran manifestación nacional el día que la Cámara de Diputados de la Nación trate los vetos a las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario”.
“Solicitamos expresamente a los/as legisladores/as nacionales de ambas cámaras, en particular a los representantes de las provincias de Mendoza y Río Negro (cabe recordar que el Instituto Balseiro depende de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Comisión Nacional de Energía Atómica), que insistan con la aprobación y sostengan en el Congreso la sanción de la ley vetada”, expusieron en la entidad educativa.
En el texto dado a conocer, se indicó que, entre las cuestiones que se analizaron para tomar la determinación de plantear la preocupación reinante, se tuvo en cuenta “que el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación y universidades públicas, pilar del sistema productivo argentino, atraviesa una crisis económica sin precedentes, que debe ser atendida con urgencia a riesgo de producir daños irreparables y de largo alcance”.
Así, mostraron descontento por “el veto presidencial del miércoles 10 de septiembre a la ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente”.
Justamente, hicieron hincapié en “la pérdida significativa del salario del personal universitario desde diciembre de 2023, tal como fuera reconocido explícitamente por el gobierno nacional en el decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial que contiene el veto mencionado”.
También se remitieron a “las declaraciones recientes del CIN”, acerca de detalles de la problemática, tales como “que las obras sociales universitarias enfrentan una crisis causada, principalmente, por la disminución de sus ingresos debido a la no actualización de los salarios”. De esa forma, remarcaron que dicha “situación amenaza la interrupción de la cobertura médica y el cierre de las instituciones, cuestión que afectaría a miles de familias y a su derecho a la salud”.
Asimismo, evocaron que el CIN apreció que “la inversión en universidades nacionales en 2024 cayó 21,9 % en términos reales y se proyecta un retroceso adicional del 8,8 % en 2025, más la pérdida de diciembre de 2023”, y que “más de noventa obras comprendidas en el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria continúan paralizadas sin cumplir los contratos firmados por el Estado nacional”, además de que “no hay actualización de becas y programas de asistencia a estudiantes universitarios”.
También hicieron hincapié en que “lo transferido en concepto de hospitales universitarios no comprende a la totalidad de los existentes” y que “la situación del sistema científico es terminal, puesto que, prácticamente, todas las líneas de financiamiento están cortadas”.
Puntualizándose en el Instituto Balseiro, desde el Consejo Académico expusieron una situación “crítica”, con una “pérdida significativa de docentes y profesionales con invaluable experiencia”, remarcando “que en el último año y medio la tasa de renuncias y jubilaciones anticipadas ha sido entre dos y tres veces mayor al promedio histórico”.
También resaltaron “la disminución de los ingresos a los posgrados en los últimos dos años”, y, a manera de ejemplo, informaron que “el ingreso a las carreras de doctorado ha disminuido aproximadamente a la mitad”.