Crimen en el cementerio: dos imputados por encubrimiento, ninguno por el homicidio
Luego del crimen de Lautaro Gallardo en el barrio eva Perón, la causa judicial avanza, pero sin responsables directos detenidos. En cambio, este lunes el Ministerio Público Fiscal imputó a dos jóvenes, Ezequiel Llanca y Leandro Vera, por el delito de encubrimiento, al considerar que prestaron ayuda a los autores del homicidio para eludir la acción de la justicia.
El ataque ocurrió sobre calle Michay, a metros del cementerio, cuando dos personas a bordo de una motocicleta se detuvieron en el terreno de Llanca. Poco después, según testigos, se escucharon los disparos. Gallardo cayó malherido en el patio de una vivienda cercana y murió en el lugar.
La Policía llegó minutos después, en medio de una fuerte tensión en el barrio. La situación se tornó caótica con la llegada de familiares de la víctima, enfrentamientos verbales entre vecinos y la necesidad de desplegar al COER para contener el clima social.
Entre las primeras medidas, los investigadores detuvieron a Llanca y Vera, domiciliados a menos de 100 metros de la escena del crimen. El fiscal jefe Martín Lozada sostuvo en audiencia que ambos jóvenes habrían encubierto a los tiradores, brindándoles refugio o negándose a identificarlos pese a haber estado presentes.
La fiscal Silvia Paolini profundizó la acusación: señaló que Llanca “omitió deliberadamente brindar información sobre los autores del hecho que se habían retirado de su vivienda”, mientras que Vera, además de mantener una versión contradictoria, “también se negó a señalar a los responsables del ataque”.
Durante la audiencia de formulación de cargos, los abogados defensores Natalia Araya (representando a Vera) y Manuel Mansilla (defensor de Llanca) cuestionaron la legalidad de las detenciones, argumentando que sus asistidos no fueron advertidos de su condición de sospechosos ni se les ofreció asesoramiento legal antes de declarar.
“El joven fue entrevistado como testigo sin que se le informara que podía estar siendo investigado. Esa declaración fue utilizada en su contra, lo cual vulnera su derecho a defensa”, sostuvo Araya. Mansilla adhirió al planteo, reclamando que “hay procedimientos establecidos que no se respetaron”.
El juez Ricardo Calcagno desestimó los planteos, argumentando que inicialmente fueron convocados como testigos y que su negativa a colaborar podría configurar un delito. “Una persona que presencia un hecho criminal tiene la obligación de decir la verdad. Si se niega, puede pasar a ser investigada por encubrimiento”, fundamentó.
Vera fue el único que aceptó hablar durante la audiencia. Explicó que el día anterior había celebrado su cumpleaños, que había estado consumiendo bebidas alcohólicas con varios conocidos, y que en la mañana del sábado fue a la casa de Llanca, donde permaneció hasta después del mediodía. Admitió haber visto llegar a dos personas en moto, pero aseguró no conocerlas ni haber visto el momento del ataque.
Pese a su disposición a declarar, la fiscalía no formuló preguntas durante la audiencia. En cambio, solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, con el objetivo de evitar cualquier intento de entorpecimiento en la investigación.
El juez Calcagno hizo lugar parcialmente al pedido y dictó un mes de prisión preventiva para Llanca y Vera, medida que será revisada en caso de surgir nuevos elementos.