Juicio a Di Tulio: empresas sin habilitar, facturación deficitaria y cesiones bajo sospecha
El juicio oral y público que tiene como acusado al desarrollador inmobiliario Gabriel Di Tulio Honrado por la presunta defraudación en la venta de once lotes en Bariloche sumó este miércoles nueva prueba documental y testimonios clave que profundizan el complejo entramado de sociedades, cesiones y vínculos entre los protagonistas del caso.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por el empresario Fernando Boudourian, quien aseguró haber sido perjudicado por una maniobra de defraudación tras ceder un poder notarial amplio a Di Tulio para gestionar once lotes en el desarrollo Solares del Este. Según la querella, el acusado utilizó ese poder para ceder los derechos de manera irregular, con triangulaciones societarias y precios muy por debajo del valor real, hasta que quedaron en poder de ChocoFactory SAS. La causa avanzó como querella autónoma luego de que el Ministerio Público Fiscal decidiera no impulsar la investigación penal.
Precisamente la querella incorporó este jueves publicaciones del Boletín Oficial en las que constan movimientos societarios de empresas vinculadas directa o indirectamente al imputado, entre ellas ChocoFactory SAS, Di Tulio Emprendimientos SAS, Compañía Argentina de Alimentos SAS y Fiduciaria Patagónica de Tierras SAS. La defensa no objetó la inclusión de estos documentos, lo que permitió avanzar rápidamente en su lectura formal.
Uno de los datos más llamativos surgió con la declaración de un empleado municipal que tomó intervención en la redacción de las respuestas a los oficios judiciales e informó que ChocoFactory SAS, una de las firmas que recibió derechos sobre los terrenos cuestionados, no tenía habilitación comercial vigente en Bariloche. En contraste, sí estaba registrada Compañía Argentina de Alimentos SAS, bajo el nombre de fantasía Chocolates Frantom, otra empresa mencionada en el expediente que, según la querella, también mantiene vínculos societarios con Di Tulio.
También declaró una empleada del ex AFIP, hoy ARCA, quien también tuvo a su cargo los informes fiscales elaborados a partir de pedidos judiciales. Entre ellos, figura una investigación sobre Di Tulio Emprendimientos SAS por impuestos impagos, falta de presentaciones de declaraciones juradas y otras irregularidades contables.
Luego fue el turno de dos contadoras: una de ellas trabajó en el estudio contable que llevaba la administración del acusado, dijo conocer a Di Tulio solo de nombre, pero también admitió conocer a Juan Ramón Centena, otro actor clave en la cesión de derechos de los lotes, a quien identificó como un cadete de Di Tulio, aunque también figuraba como socio en algunas firmas.
La segunda profesional, con domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es contadora y perito judicial. Su aporte se relacionó a un estudio y análisis sobre ChocoFactory SAS. Según su estudio, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 la firma declaró ventas por más de 12 millones de pesos, pero registraba déficit: “Descontadas las compras, salarios y aportes, era deficitaria según sus propias declaraciones juradas ante la AFIP”, explicó ante el tribunal.
La profesional también examinó los boletos de compraventa: el primero, entre Di Tulio y Boudourian, por unos 4,8 millones; y luego, la cesión de derechos —firmada también bajo el poder notarial— por alrededor de 9,5 millones de pesos, operaciones que forman parte del núcleo de la acusación por supuesta defraudación.
El juicio continuará este jueves con más declaraciones testimoniales, esta vez aportadas por la defensa. Si todo marcha sobre los carriles normales, el viernes culminaría el proceso con los alegatos de las partes. La querella sostiene que existió una triangulación fraudulenta para vender los lotes a valores irrisorios, perjudicando a Boudourian, mientras la defensa insiste en que todo fue realizado bajo el marco legal de un poder notarial vigente