CASO DE CORRUPCIÓN
Polémica: los contratos del Estado con la droguería Suizo Argentina se dispararon 2.678% en sólo un año
En el curso de un breve año, los contratos firmados entre el Estado y la Droguería Suizo Argentina han experimentado un incremento dramático del 2.678%, colocándolos en el centro de un escándalo de corrupción que sacude los cimientos del actual gobierno.
Hasta hace poco, la droguería manejaba contratos que apenas alcanzaban los 389 millones de pesos, cifra que se disparó a unos impactantes 108 mil millones en apenas 12 meses. Este fenómeno acontece en medio de las acusaciones que salpican a figuras prominentes como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y su colaborador cercano, Eduardo "Lule" Menem.
La descomunal ampliación de contratos fue desvelada por las investigaciones periodísticas del diario "La Nación", enfocado en los tratativas suscritas durante la administración de Javier Milei. Tales contratos posicionan a la Droguería Suizo Argentina como una figura clave en una red de multimillonarios retornos, en una suerte de vergonzoso lucro fácilmente perceptible en los números, reportados en los registros oficiales de Compr.Ar.
Si bien la inflación acumulada durante el último año fue superior al 100%, este factor no logra explicar el crecimiento exacerbado de los contratos que obtuvo la empresa Suizo Argentina. El análisis parte de las licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas originales de aquellas fechas, dejando de lado cualquier ampliación posterior que, por normativa, no requieren la inclusión y competencia de otros actores.
Un punto crucial en este marco es la licitación que cubrió más del 70% de las adjudicaciones hechas a la droguería. La misma fue destinada por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, ascendiendo hasta los 78.267 millones de pesos. Del análisis de las contrataciones ofrecidas, se desprende que junto con el corporativo Suizo, participaban competidores no explícitamente farmacéuticos, como OCA y Andreani, ya que más que productos, el servicio esencial subyacente era el logístico, de distribución y almacenamiento de insumos que requieren cadena de frío.
Las acusaciones encuentran tanto corroboración como matices desde el ámbito de vigilancia gubernamental. La Gerencia de Precios Testigo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), destacó, a través de sus estudios, la imposibilidad de normativa restrictiva sobre precios testigo, eliminando así un freno regular para los precios concertados al tratarse de servicios "no estandarizados ni de uso común", otorgando un argumento de defensa para dicha bandeja de incremento volumétrico de contrataciones prácticamente monopolísticas.