La Justicia rechazó una queja en un caso de lesiones y frustró el intento de frenar el juicio
Una causa por lesiones leves ocurrida en Bariloche, en la que está imputado Fernando Ariel Fazanes Ron, dio lugar a una larga batalla judicial que terminó por ahora con una definición clave: el Tribunal de Impugnación de Río Negro rechazó el intento de su defensa para evitar que la causa llegue a juicio.
El hecho que originó el proceso ocurrió el 4 de julio de 2024, alrededor de la 1:15 de la madrugada, en el ingreso a un local nocturno ubicado en calle San Martín 535. Según la acusación fiscal, Fazanes Ron habría agredido físicamente a otra persona, causándole lesiones que fueron calificadas como leves.
Durante las audiencias previas, la Defensora Oficial solicitó la suspensión del juicio a prueba —lo que habría evitado el debate oral—, a cambio de una reparación económica y reglas de conducta por un año. Sin embargo, el Juez Gregor Joos rechazó ese pedido, entendiendo que el ofrecimiento económico no resultaba suficiente, y tras una audiencia con posiciones enfrentadas entre la defensa y la fiscalía, la solicitud fue denegada.
La defensa impugnó la decisión y agotó todas las instancias posibles: revisión ante otro juez, recurso de impugnación y finalmente, una queja ante el Tribunal de Impugnación. En todos los casos, la postura fue la misma: no había motivos legales suficientes para frenar el avance del proceso.
El fallo, firmado por los jueces Carlos Mohamed Mussi, Adrián Fernando Zimmermann y Miguel Ángel Cardella, rechazó la queja y ratificó que no existe una vía de revisión extraordinaria válida en este caso. El tribunal consideró que la defensa no presentó agravios concretos ni refutó adecuadamente los fundamentos de la resolución que había rechazado la suspensión del juicio a prueba.
Además, recordaron que las decisiones adoptadas durante la etapa preparatoria del proceso solo pueden ser revisadas una vez, y que no todo rechazo procesal habilita una nueva instancia, salvo que se demuestre una afectación directa a garantías constitucionales, lo cual no fue acreditado.
Con este nuevo revés judicial para la defensa, el expediente vuelve al camino previsto: el juicio oral y público deberá realizarse. La investigación, a cargo del Ministerio Público Fiscal, ya se encuentra formalizada y con acusación vigente. Solo resta que se fije la fecha de debate.