FUERON ANUNCIADAS EL 10 DE JUNIO
Polémica: Patricia Bullrich entregó a policías viviendas de PROCREAR que eran para otras personas
La controversia se desató el pasado 10 de junio. En un acto oficial, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció efusivamente la distribución de 160 departamentos a efectivos de las fuerzas de seguridad federales.
A primera vista, esta acción parecía una celebración digna de agradecimiento y apoyo a quienes sirven día a día en la protección del país. Sin embargo, la aparente laudable noticia se transformó en un escándalo político al revelarse que esos inmuebles ya tenían propietarios legítimos: familias adjudicadas en un sorteo de 2023 a través del programa Procrear.
El programa Procrear, lanzado años atrás como un esfuerzo del gobierno del presidente anterior, Alberto Fernández, buscaba dar hogar a numerosas familias argentinas. El sueño del hogar propio se materializó para estas familias que participaron y ganaron en el sorteo, pensado para brindar soluciones habitacionales a quienes más lo necesitan. Este fue el desenlace para cien familias, quienes tras la felicidad de la adjudicación vieron evaporarse su sueño con el repentino anuncio.
El gobierno encabezado por el presidente Javier Milei no sólo disolvió el Programa Procrear, también modificó drásticamente el destino de estas viviendas ya adjudicadas. Se ha cuestionado el accionar, considerado por muchos críticos y ciudadanos como un vil despojo del derecho ganado por estas familias. La confianza en los procedimientos estatales, dicen algunos, ha sido gravemente socavada con esta medida.
Patricia Bullrich justificó la medida insistiendo que había urgencia por resolver la problemática habitacional de los agentes de seguridad, quienes, según apunta, estaban ahogados bajo el fuerte peso de los alquileres. La ministra habló de un “plan federal” que busca "recuperar" 329 unidades de vivienda a través del país, cuestionando las formas en que algunas de las viviendas adjudicadas en el programa eran utilizadas, sugiriendo que había dificultades con usos indebidos, como el alquiler temporario a través de plataformas como Airbnb.
La reacción pública no se hizo esperar. Las familias afectadas, muchas de las cuales empezaron a construir su futuro sobre la base de estar próximas a un hogar propio, ahora enfrentan una incertidumbre absoluta. Organizaciones sociales y grupos de defensores de derechos ciudadanos han comenzado a organizarse para resistir lo que ellos llaman una "violación de derechos básicos ciudadanos".
Al tiempo que las discusiones legales sobre cómo proceder continúan, Bullrich reafirmó la determinación del gobierno: “Esto es un primer paso. Vamos a llegar a más provincias, a otros distritos que también necesitan solución habitacional para nuestra fuerza de seguridad. Se trata de una prioridad nacional”.