Dura advertencia: el Tribunal de Contralor exigió al municipio la separación de dos funcionarios
Se trata de Gustavo Gaminao, secretario de Cultura, y Guido Tripolati, subsecretario de Tránsito y Transporte. Esta determinación surge a raíz de una consulta legal del propio municipio, buscando orientación sobre cómo proceder en ambos casos.
La normativa del Tribunal respecto a Gaminao es contundente. El organismo argumenta que la gravedad de la investigación por presunto abuso sexual a una menor, que ya ha trascendido a la opinión pública y a los medios, exige una acción inmediata para salvaguardar el interés público y la normalidad administrativa.
Si bien el dictamen subraya que no se está prejuzgando la culpabilidad del funcionario, el Tribunal enfatiza que los hechos que lo llevarán a juicio oral "cuestionan los principios básicos de la ética pública". Por lo tanto, se considera "indispensable" que la autoridad municipal adopte medidas para proteger la institucionalidad, sin esperar a una sentencia definitiva.
Desde el Tribunal de Contralor Municipal, Estanislao Casaux explicó a El Cordillerano que entre sus funciones y misiones y obligaciones el órgano de Control balancea la celeridad administrativa con los procesos judiciales complejos reconociendo la colisión entre la necesidad de respuestas rápidas en la función pública y los tiempos propios de la justicia.
Se tienen en cuenta los siguientes factores: necesidad de celeridad administrativa; no puede regirse bajo los parámetros de los procesos judiciales, sino que necesita resolver las situaciones de inmediato; es inviable para el ejecutivo mantener a un titular de área ausente durante un período prolongado, como un verano entero; áreas como Tránsito y Transporte, y Cultura, necesitan estar funcionando con normalidad; el Tribunal actúa con *urgencia* ante la dimensión pública de los episodios y la solicitud del ejecutivo, entre otros.
Asimismo argumentaron que el principio de inocencia versus ética pública: si bien se respeta el principio de inocencia y las etapas del proceso judicial, la gravedad de los hechos imputados colisiona con la normativa de ética pública. Se considera que una persona en esas condiciones podría no llevar adelante el trabajo con la idealidad necesaria.
Si el ejecutivo no adopta la decisión de remoción, el Tribunal puede iniciar un sumario de investigación. En el marco de dicho sumario, las vocalías pueden solicitar medidas cautelares, como la suspensión del funcionario sin sueldo hasta que se resuelva la cuestión penal. Sin embargo, esta última opción se considera imprudente en ciertos casos, como el de un funcionario de Cultura durante la temporada alta.
En el caso de Tripolati, la objeción principal se centra en la elaboración y firma de un acuerdo con transportistas el pasado lunes. El Tribunal señala que este accionar excede las atribuciones formales de su cargo, lo que ha motivado la derivación de otros funcionarios involucrados en la firma a la junta de disciplina para su evaluación.