El Estado desvinculó a 500 empleados y se quedará a cargo de la ruta del Mercosur
El Gobierno nacional ha decidido ampliar su control sobre el Corredor Vial 18, un camino de gran importancia estratégica que conecta el Litoral argentino con naciones vecinas como Brasil y Uruguay a través de las rutas nacionales 12, 14 y 174, conocidas popularmente como la 'Ruta del Mercosur'. Este cambio ocurre como resultado del fin de una concesión de más de tres décadas gestionada por Caminos del Río Uruguay (CRUSA), preludio a un nuevo ciclo de licitaciones que el Ejecutivo ha comenzado a implementar.
Sin embargo, este proceso ha generado tensiones significativas. La terminación del contrato, institucionalizada a través de la Resolución 565/2025 de la Dirección Nacional de Vialidad, provocó la desvinculación de medio millar de trabajadores y desató un intercambio agudo de señalamientos entre la administración estatal y la empresa saliente.
En las etapas iniciales del procedimiento de licitación que está actualmente en curso, desde este martes, la Dirección Nacional de Vialidad asumió el control temporal de la operación y conservación del Corredor Vial 18, en tanto se concreta la nueva concesión programada para agosto. Fuentes oficiales aseguran que el proceso licitatorio ya está en marcha con audiencias públicas llevadas a cabo.
Como parte de estas nuevas medidas, las barreras de peaje en cinco puntos clave - Zárate, Colonia Elía, Yeruá, Piedritas e Isla Deseada - están siendo retiradas para mejorar la circulación. Asimismo, un plan de emergencia se activó para atender la señalización y el bacheo en las secciones más desgastadas de la vía.
Sin embargo, CRUSA emitió un comunicado oficial, lamentando que el cese de su concesión conlleva la pérdida de empleos para 500 usuarios sin indemnización alguna. La empresa atribuye estos desvinculaciones al presunto incumplimiento histórico del Estado Argentino que obstaculizó su capacidad para mantener las infraestructuras viales efectivamente.
Por otro lado, Vialidad Nacional refuta estas alegaciones aludidas por CRUSA. Según sus representantes, la concesionaria tenía pleno conocimiento desde 2014 del término de su contrato, que incluía múltiples extensiones judiciales y administrativas para facilitar su estabilización financiera.
A su vez, el Gobierno denunció que la empresa acumuló deudas contractuales por encima de $60.000 millones, una cifra que podría incrementarse tras la evaluación final realizada una vez oficializada la transición del control administrativo.
Mientras tanto, Vialidad Nacional ha sido contundente al aclarar la situación laboral de los empleados afectando, indicando que no tienen responsabilidades con el personal contratado por CRUSA debido a que su contrato cabe exclusivamente dentro del control de la concesionaria.
CRUSA también manifestó preocupación ante la idea de dejar el corredor transitable sin recaudación de peajes, lo que podría incrementar el riesgo de incidentes sin garantía de asistencias esenciales. Finalmente, criticó los lineamientos provisorios de la inminente licitación, denunciando una falta de claridad sobre los valores tarifarios de referencia y un esquema concesionario vagamente definido, oscilante entre los 20 y 30 años en función del valor ofertado en las tarifas.