EL MIÉRCOLES ES LA NUEVA MOVILIZACIÓN
Marcha de jubilados: Bullrich será apartada del operativo de seguridad
La Justicia de Buenos Aires ha adoptado una decisión trascendental en cuanto a la seguridad durante las movilizaciones en la ciudad, específicamente en la marcha de los jubilados que se llevará a cabo este miércoles 9 de abril. En esta nueva manifestación se unirán distintos gremios integrados en la Confederación General del Trabajo (CGT), sumando así un considerable número de participantes en la jornada previa al anunciado paro nacional.
La medida judicial fue instaurada por el juez Roberto Gallardo, quien está al frente del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires. En su fallo, Gallardo respondió a las solicitudes de varios sindicatos, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que buscan preservar la autonomía de las fuerzas de seguridad locales y evitar la intervención de las federales, así, se otorga al Gobierno porteño el control exclusivo del operativo de seguridad.
El magistrado estableció que a Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, le corresponde asegurar un ambiente propicio para el ejercicio del derecho a protestar. Esto implica coordinar un operativo de seguridad que se lleve a cabo sin la intervención de las fuerzas del orden nacionales, que están bajo la responsabilidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se busca de este modo garantizar que la manifestación pueda desarrollarse en un ámbito que respete tanto la libertad de circulación como de expresión de los ciudadanos.
Esta orden judicial surge como una consecuencia directa de evitar repetidas situaciones complejas y controvertidas, evidentes en eventos anteriores y estadísticamente relevantes, que incrementan el riesgo para los derechos fundamentales de integridad física de los asistentes. El argumento del juez subraya la importancia del respeto a la autonomía de la Ciudad, una cuestión sobre la que se ha insistido dada la presencia de "objetivos federales" que en múltiples ocasiones han excedido la jurisdicción planteada, entrando en conflicto con el orden local.
Con esta decisión, se reafirma la vigencia de los Derechos Humanos en el ámbito del ejercicio de la ciudadanía, sentando un precedente sobre cómo deben ser manejadas las manifestaciones públicas en la capital del país. La atención estará puesta, por tanto, en el desarrollo del evento y la habilidad del gobierno local para manejarlo, mostrando sensibilidad ante los derechos de los manifestantes y la dinámica urbana.