El Gobierno trabaja en nuevos decretos para derogar más de 40 leyes
El Gobierno argentino está a punto de hacer pública una medida que podría remodelar significativamente el andamiaje legal del país. Se trata de un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca derogar más de 40 leyes, iniciativa que estaría lista para ser divulgada en el Boletín Oficial en las próximas jornadas.
Este paso, supervisado minuciosamente por la Secretaría Legal y Técnica bajo la dirección de María Ibarzabal, ya está generando una ola de expectativas y análisis profundos en los círculos jurídicos y políticos.
Este proyecto lleva el sello del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien ha trabajado en estrecha colaboración con los demás miembros del gabinete. Dentro de la Casa Rosada, este documento ministerial ha sido bautizado como el “decreto hojarasca”, un mote evocador que recuerda al proyecto de ley que impulsa el actual oficialismo, el cual buscaba suprimir hasta 70 leyes en un golpe de desburocratización.
El objetivo detrás de este mega DNU es claro: eliminar normativas que, a juicio del Ejecutivo, han perdido vigencia y utilidad en el contexto actual. Un ejemplo es la eliminación de leyes que aún reglamentan la obsoleta práctica del microfilm usado históricamente en organismos de impronta estatal como el Ejército o la ANSES. Esto representa un guiño a la modernización digital y la reducción de redundancias en el aparato gubernamental.
Además, el decreto propone borrar del mapa jurídico disposiciones tan peculiares como la del carnet de mochilero, un documento que por mandato legal los viajeros estaban obligados a portar desde la sanción de la Ley 20.802. Esta ley indicaba que quienes viajaran pidiendo colaboración para desplazarse dentro del territorio nacional debían legalmente registrarse, lo cual ahora se percibe como una medida innecesaria en los tiempos actuales.
Una de las propuestas más controvertidas es la eliminación de la normativa relacionada con medidas sanitarias antiguas como las obligadas para el control de la viruela. Leyes estas que desde 1960 dictaban procedimientos sobre notificaciones obligatorias de casos y prácticas de aislamiento, dando cuenta de la evolución sanitaria que el mundo ha experimentado, considerando que la viruela ha sido erradicada.
Finalmente, el Gobierno indica que esta reforma buscaría ir más allá del simple barrido de normas caducas. Está, pues, prevista la eliminación de organismos extintos y normas sobrantes, respondiendo a una solicitud expresa del presidente hacia su gabinete en pos de simplificar y agudizar la efectividad del manejo administrativo estatal.
Asimismo, en paralelo, se cocina otro decreto que busca más radicales cambios, previendo disoluciones, fusiones y transformaciones de estructuras, cargado con la aspiración de una gestión estatal más orientada a la eficiencia y la eficiencia estructural reducida. Uno de los puntos más delicados discurre sobre el futuro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas cuyos roles podrían tocar a las provincias, transformando así el mapa de la administración pública en pos de un país menos burocrático y más funcional.