EDUCACIÓN
El Gobierno fijó el sueldo mínimo para los docentes en $500.000, sin el aval de los gremios
El reciente anuncio del Gobierno Nacional ha agitado las aguas del sector educativo en Argentina al establecer un nuevo salario mínimo para los docentes, fijado en $500.000, sin la aprobación de los gremios del sector. Esta medida se instrumentó mediante la Resolución 381/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial, desencadenando una ola de reacciones diversas entre los interesados.
El incremento del 19% respecto a los $420.000 que previamente regían, ha sido decidido tras un estancamiento en las negociaciones con los sindicatos. Durante el intento de acuerdo, que tuvo lugar en la Comisión Negociadora del Convenio Marco a mediados de febrero, no se alcanzó un consenso satisfactorio para los gremios docentes representados por CTERA, AMET, CEA, SADOP y UDA.
La instancia de negociación reflejó claras y divergentes posiciones, culminando en un intercambio de opiniones que, aunque extenso, no prosperó en lograr un entendimiento mutuo sobre el nuevo piso salarial. A pesar de que dicho aumento mejora la cifra previa, sigue quedando debajo de la inflación acumulada en el período, lo cual es objeto de crítica entre los líderes sindicales, quienes argumentan que el poder adquisitivo de los docentes sigue en detrimento.
El salario de $500.000 comenzará a ser efectivo a partir del 1 de febrero de 2025 para el rol de un maestro de grado común con jornada simple y sin antigüedad, y servirá asimismo como referente para el funcionamiento del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Este programa, estipulado por la Ley Nº 26.075, busca garantizar equidad en cuanto a las remuneraciones mínimas para educadores, principalmente en las provincias que participan de dicho esquema de compensación.
Por su parte, el Gobierno justificó la implementación del nuevo salario mínimo como una respuesta necesaria para asegurar que ningún maestro en el país perciba menos de lo que ha sido definido por el Consejo Federal de Educación y el Ejecutivo Nacional. Esta medida, aseguran desde el gobierno, demuestra su voluntad de garantizar el efectivo funcionamiento de los programas salariales vigentes, aunque surja en un contexto de falta de consenso y diálogo fluido con las organizaciones sindicales.