POR LIBERAR A LOS DETENIDOS EN LA MARCHA
El fiscal Taiano rechazó investigar la denuncia del Gobierno contra la jueza Karina Andrade
En un escenario político cada vez más convulso, el fiscal Eduardo Taiano ha decidido rechazar la posibilidad de investigar a la jueza Karina Andrade en el ámbito federal, a raíz de una denuncia presentada por el gobierno de Javier Milei.
Esta determinación surgió tras la liberación de 114 manifestantes que habían sido detenidos durante la represión en una marcha de jubilados la semana pasada. La actuación de la jueza Andrade ha sido cuestionada, considerándola como un posible acto de prevaricato, encubrimiento e incumplimiento de sus funciones.
La resolución del fiscal Taiano sostiene que el marco competente para tratar este caso es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y no los tribunales federales. Este comentario se desprende de las normas que dictan que cualquier delito contra la administración pública que ocurra exclusivamente dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá tramitarse en la justicia local. Lo anterior es aplicable cuando estos actos son cometidos por funcionarios públicos locales o están dirigidos contra ellos, particularmente si afectan el funcionamiento de los poderes públicos o surgen en el contexto de un proceso judicial local.
Taiano fue firme al recalcar que, de acuerdo con la ley 26.702, los delitos de prevaricato y abuso de autoridad cometidos por funcionarios públicos en la ciudad han sido transferidos a la jurisdicción de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de Buenos Aires. Este argumento refuerza la iniciativa de remitir la causa al fuero correspondiente dentro del ámbito de la ciudad.
El caso, inicialmente asignado a la jueza federal María Servini, ha sido centro de un debate sobre la jurisdicción adecuada para su tramitación. El fiscal Taiano defendió su posición señalando que procesar los hechos dentro de la justicia federal significaría investigar cuestiones inhóspitas para dicho foro, ya que el ordenamiento legal es claro en la delimitación de competencias en función al lugar y naturaleza de los delitos.
Para disipar las controversias jurisdiccionales, el fiscal recomendó a la jueza Servini que derive la denuncia a los tribunales responsabilizados de tratar estos acontecimientos en el contexto del fuero penal local. Esta recomendación subraya la importancia de respetar las competencias establecidas, asegurando así el correcto tratamiento de las cuestiones legales en juego.