RECLAMA LA COMPETENCIA DE LA CAUSA
Caso $LIBRA: la jueza Sandra Arroyo Salgado afirma que el tweet de Milei dio "credibilidad" a la cripto
En un capítulo que podría redefinir las implicancias legales y políticas vinculadas al uso de las redes sociales por parte de funcionarios públicos, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ha reclamado la competencia en el caso que investiga el controvertido respaldo a la criptomoneda $LIBRA por el presidente Javier Milei.
Alegando que la difusión de un tweet presidencial aumentó la percepción de legitimidad de este activo digital, la jueza centró su argumento en la ubicación desde la que esta comunicación fue emitida: nada menos que la Quinta Presidencial de Olivos.
El conflicto jurisdiccional emerge con fuerza, pues Arroyo Salgado insta a su par de la Capital Federal, María Servini, a ceder el manejo del caso, fundamentando su pedido en un informe de la Casa Militar que confirmó la presencia de Milei en Olivos durante el 14 y 15 de febrero, fecha en la que salió a la luz el polémico tweet. Este dato reviste una importancia especial para Arroyo Salgado, ya que en su óptica, traslada la competencia del incidente al territorio comprendido por San Isidro.
"La conducta humana a investigar es, innegablemente, la publicación del tweet en cuestión", esclareció Arroyo Salgado en su pronunciamiento, enfatizando cómo esta acción comunicativa del mandatario infundió una credibilidad posiblemente injustificada al proyecto cripto $LIBRA, que ya ha suscitado una multiplicidad de denuncias judiciales.
No obstante, la causa podría tomar otros derroteros. El fiscal de San Isidro, Federico Iuspa, había manifestado que las acciones debían continuar bajo la supervisión de Servini, atendiendo a una interconexión con las reclamaciones previas en la Capital Argentina. Aún así, Arroyo Salgado mantiene su postura argumentando la competencia territorial, un tema tan delicado como polémico que podría ver su resolución en instancias superiores, incluyendo la Cámara Federal e incluso en el ámbito del máximo tribunal del país.
El trasfondo de la disputa está manchado por una denuncia inicial presentada por Juan Ricardo Mussa, quien acusó un esquema fraudulento en torno a la criptomoneda implicada. Testimonios recabados en la pesquisa señalan una materialización de estos indicios a partir de varias reuniones que comenzaron en octubre de 2024 y que encontraron un punto de encuentro en eventos como el célebre "Tech Forum" en el Hotel Libertador de la ciudad.