La Municipalidad de Bariloche rechazó oficialmente el millonario reclamo de OPS
La Municipalidad de San Carlos de Bariloche resolvió rechazar de manera oficial el reclamo administrativo presentado por la empresa OPS S.A.C.I., que exigía el pago de más de 15 millones de dólares por la contratación de maquinaria vial sin chofer.
Tal como se viene informando, el reclamo de OPS S.A.C.I. se originó a partir de una serie de contrataciones directas realizadas en 2019, durante la anterior gestión municipal, para el alquiler de maquinaria destinada a trabajos en la ciudad, incluyendo el Vertedero Municipal. La empresa alegó que se le adeudaban US$ 15.386.916,34, más intereses, por los servicios prestados.
Sin embargo, la Municipalidad resolvió rechazar el pedido basándose en la Resolución Nº 249-I-2025, que declaró ilegítimos los contratos suscritos con OPS S.A.C.I. en 2019, tal como informó El Cordillerano la semana pasada.
Entre los puntos clave de la decisión, el dictamen jurídico señaló que la empresa se encontraba en quiebra al momento de la contratación y que no contaba con una autorización expresa para firmar acuerdos con el municipio.
Una deuda en disputa
El conflicto se remonta a octubre de 2019, durante el gobierno de Gustavo Gennuso, cuando la Municipalidad firmó una serie de contratos con OPS S.A.C.I. para el alquiler de maquinaria. No obstante, se determinó que las prórrogas otorgadas a dichos contratos no contaban con un acto administrativo que las respaldara.
En 2022, la empresa logró salir de la quiebra y, al año siguiente, presentó una Carta de Intención en la que la Municipalidad reconocía una deuda de más de 7 millones de dólares. Sin embargo, este acuerdo no fue homologado. En 2024, OPS S.A.C.I. intentó nuevamente llegar a un acuerdo mediante mediaciones, pero al no obtener respuestas favorables, formalizó su reclamo ante la Municipalidad el 29 de octubre, que fue rechazado oficialmente este miércoles a través del dictamen.
El reciente dictamen jurídico municipal concluyó que la contratación original presentaba deficiencias legales y que no se habían establecido correctamente los procedimientos administrativos esenciales.
En este sentido, se determinó que cualquier pago debía basarse en las horas efectivamente trabajadas y que no correspondía reconocer la ganancia estimada de la empresa.