Comenzó el nuevo juicio por la usurpación en Villa Mascardi: las voces de todas las partes
El conflicto de Villa Mascardi será tratado nuevamente en un juicio, en esta ocasión por el Tribunal Oral Federal de General Roca (unipersonal), desde hoy –martes 25 de febrero– al jueves 27, y los días 10, 12, 13, 20 y 31 de marzo (además de la posibilidad de añadir 14, 21 y 28 de abril), bajo modalidad virtual, convergiendo diversas causas que se unificaron a partir de 2022, cuando se produjo el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
De tal manera, las acusaciones refieren a usurpaciones de espacios pertenecientes a Parques Nacionales, pero también al predio La Escondida (de María Magdalena Giménez Tournier), además de otros hechos incorporados al expediente.
Villa Mascardi, un paraje patagónico que, desde 2017, acaparó la atención de todo el país, a partir de un conflicto con diversas aristas.
En lo referente a los terrenos del Estado, el presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, afirmó: “Al igual que en todos los juicios por usurpación, desde el organismo esperamos que se haga justicia y se establezcan las condenas correspondientes a los imputados por el delito cometido”.
“Además, que la condena, nuevamente, sea ejemplificadora de todos aquellos que atentan contra la soberanía nacional, usurpando tierras que le pertenecen a todos los argentinos”, añadió, para luego considerar: “Nuestra postura es clara desde el comienzo y lo estamos demostrando, no vamos a tolerar, bajo ninguna circunstancia, que se usurpen los parques nacionales”.
Cristian Larsen afirmó: "No vamos a tolerar, bajo ninguna circunstancia, que se usurpen los parques nacionales" (foto: Facundo Pardo).
El director ejecutivo de Consensos Patagónicos, Juan Trebino, en tanto, explicó que desde esa asociación civil se asesora y representa jurídicamente “por lo que sucedió en La Escondida”, y opinó: “Entendemos que existen hechos contundentes, que ya están probados e incorporados al expediente, que nos dan indicios de que vamos a conseguir una sentencia condenatoria y, posiblemente, mayor que la obtenida por Parques en el juicio del año pasado, porque se van a juzgar hechos de otra escala, más allá de la usurpación propiamente dicha”.
Así, manifestó que, por ejemplo, se tratará el tema del “ataque al puesto de Gendarmería”, que, cabe recordar, se desarrolló en el predio Los Radales y, de algún modo, precipitó el desalojo.
La casilla de Gendarmería atacada en 2022; detrás, la cabaña Los Radales, también destruida por el fuego.
Trebino apreció: “Creemos que vamos a lograr condenas de prisión efectiva. Es lo mínimo que podemos esperar y conseguir después de la vandalización, la usurpación y los actos terroristas que hicieron estos delincuentes en toda la zona de Villa Mascardi”.
Igualmente, aclaró que no vinculaba a la Lafken Winkul Mapu con los pueblos originarios y sostuvo: “No se trata de una comunidad mapuche, sino de ‘vivos’, delincuentes que tienen que ser juzgados y condenados con todo el peso de la ley”.
“Creemos que vamos a lograr condenas de prisión efectiva", sostuvo el director ejecutivo de Consensos Patagónicos.
Desde la lof, por su parte, se expresaron por medio de un comunicado dirigido “al pueblo mapuche” y “a la sociedad en general”, y recalcaron que “las audiencias serán llevadas adelante por el juez Alejandro Adrián Silva”. Al respecto, resaltaron: “El mismo que presidió el juicio por el fusilamiento de nuestro weichafe (guerrero) Rafael Nahuel”. En ese punto, consideraron que en aquel proceso se validó “el discurso del poder político de turno”, y sostuvieron que se insistió en la idea de que se produjo “un enfrentamiento”, calificando como “una condena mínima” la que finalmente recayó sobre los integrantes de la Agrupación Albatros de Prefectura Naval Argentina involucrados en el caso.
Desde la Lafken Winkul Mapu, además, puntualizaron que al nuevo juicio por el conflicto de Villa Mascardi llegarán cinco mujeres (“Que tuvimos que enfrentar, además de la violencia desmedida del Estado, un encarcelamiento de ocho meses”, indicaron) y un hombre (“Quien aún está con prisión domiciliaria, luego de que pasara ocho meses encarcelado en la unidad 14 de Esquel”, señalaron).
Asimismo, afirmaron que se consideran: “Acusados de usurpar nuestro propio territorio”. De tal manera, sobre aquellos terrenos, expresaron: “Libremente caminaron nuestros kuifikecheiem (ancestros) cuando aún no existían alambrados, ni parques nacionales, ni ningún winka (blanco) que con su ambición destructora mirara nuestra tierra”.
La machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan, una de las personas que llegará a juicio (foto: Facundo Pardo).
“A pesar de que la violencia del winka se va acrecentando y otras lofche (gente de las comunidades) han tenido que enfrentar momentos difíciles, seguimos llamando a la unión, a mantenernos fortalecidos en nuestro feientun (valor que se le da a las enseñanzas de los ancianos) y esencia mapuche”, manifestaron, y apuntaron a un “aparato estatal” que consideraron: “Utiliza todos los medios a su alcance para difamarnos, pretendiendo poner a la opinión pública en nuestra contra, con falsas acusaciones”.
Aludiendo a las versiones sobre los recientes incendios en la Patagonia que vinculan a mapuches con el fuego, añadieron: “Toda nuestra solidaridad, acompañamiento y newen (fuerza) a pu lofche y reiñma (familias mapuches) que han sufrido la violencia del Estado racista en estos últimos acontecimientos”.
“Llamamos a seguir generando instancias de trawn (encuentro) en todos los territorios para lograr un caminar colectivo”, resaltaron.
Imagen del juicio anterior, que fue presencial: en primera fila, con un sweater beige, el presidente de la Asociación Gremial de Abogados, Eduardo Soares.
Por su parte, los defensores de la lof, que integran la Asociación Gremial de Abogados, se refirieron a la situación de los acusados y consideraron: “La comunidad Winkul ha sido de las más atacadas y salvajemente reprimidas por todos los gobiernos (incluyendo el asesinato y largas prisiones de sus miembros, lo que incluye a los niños) sin que se pueda acreditar ninguna acción de violencia por parte de sus integrantes”.
“Para el gobierno, los jueces y los fiscales, la comunidad Winkul forma parte del ‘terrorismo mapuche’ y, de alguna manera, la Gremial de Abogados también”, afirmaron los letrados.