A pocos días del segundo juicio por Villa Mascardi, abogados de la Lafken Winkul Mapu protestan por el contexto en el que se desarrollará
Ante la cercanía del segundo juicio contra la lof Lafken Winkul Mapu por el conflicto de Villa Mascardi, desde la Asociación Gremial de Abogados, entidad que se encarga de la defensa de sus integrantes, brindaron un panorama de la situación judicial, a la vez que reclamaron por el contexto en el que se realizará el proceso.
Hay que destacar que, recientemente, el director ejecutivo de Consensos Patagónicos (la asociación civil tras la “marca” Consenso Patagonia), Juan Trebino, señaló: “El año pasado fue el juicio en el que el querellante era Parques Nacionales, y se produjo una condena –en suspenso– por la usurpación del predio del organismo. Ahora queda el juicio por la propiedad La Escondida y otros hechos incorporados a ese expediente, que será en 2025, donde creemos que también habrá una sentencia condenatoria, que aguardamos que se acumule con la anterior y, de esa manera, conseguir prisión efectiva para los delincuentes por los daños terribles que hicieron”
Los letrados de la Gremial, en cambio, consideraron que “la comunidad Lafken Winkul Mapu fue agredida y atacada con mucha violencia por el Estado en dos oportunidades (además de una infinidad de ataques menores, pero siempre violentos, por parte del mismo Estado y de particulares)”. Y desarrollaron: “La primera fue durante el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en un ataque que implicó detenciones de mujeres y niños”, indicaron, para luego añadir: “Al otro día, continuando con el mismo operativo, fue asesinado Rafael Nahuel por la Prefectura Naval Argentina”.
“La Gremial comenzó a intervenir en la defensa de la comunidad a partir de ese momento”, explicaron, y remarcaron que fue allí cuando las mujeres que habían sido detenidas quedaron en libertad.
“Se inició entonces una causa por usurpación (que denominamos la ‘causa madre’ - 26511) que culminó en un juicio presencial dentro de un cuartel de Gendarmería”, apuntaron, exponiendo que, a su entender, tanto los mapuches como ellos, como defensores, en esos instantes, sufrieron “arbitrariedades”.
Los abogados indicaron que el otro caso refiere al desalojo de octubre de 2022, “durante el gobierno de Alberto, Cristina y Aníbal Fernández”.
“Se atacó a mujeres y niños, se mantuvo presas a las mujeres durante nueve meses. Se trasladó cautivas, encadenadas, a cuatro lagmien (hermanas) a Buenos Aires, a dos mil kilómetros de su tierra y sus familias, con tratos vejatorios, atentando contra su pudor y alejándolas de sus niños”, sostuvieron, y resaltaron que “una de las detenidas parió en cautiverio, en Bariloche, desdeñando las autoridades judiciales la posibilidad de hacerlo según sus creencias”.
En tal sentido, evocaron que esas acciones llevaron a la renuncia de la entonces ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Además, los letrados recalcaron que durante la gestión de Alberto Fernández se creó “una estructura militarizada de intervención en la zona, denominada Comando Unificado de fuerzas federales, que aún existe”.
“La causa que se abrió a partir de todo eso siempre la denominamos ‘trucha’ (16149) porque fue un invento del gobierno, el juzgado y la fiscalía federales a partir del incendio de un remolque de Gendarmería (por el cual, después, todas las personas detenidas quedaron libres de mérito), que se usó como excusa para el desalojo y las barbaridades posteriores”, advirtieron desde la Gremial.
Así, detallaron que la “causa tramita hoy ante el Tribunal Oral Federal (unipersonal) de General Roca, siendo el juez Alejandro Adrián Silva, y será sometida a juicio oral entre febrero y marzo”.
De esa manera, expusieron que “el juicio se iniciará los días 25, 26 y 27 de febrero y continuará el 11, 12 y 13 de marzo”, especificando que será por “modalidad virtual”.
Por otra parte, quienes conforman la entidad de letrados protestaron por el contexto actual a nivel nacional. En ese punto, hablaron de una “acción que está perpetrando el gobierno” que calificaron como “violatoria del Estado de derecho”, donde se arroga “la facultad de (sin ningún control judicial ni legislativo) incluir a su voluntad a cualquier organización en el registro de organizaciones terroristas creado por el macrismo dentro del marco de las leyes impulsadas por el kirchnerismo; y, en segundo lugar, incluir en su resolución a virtualmente todas las comunidades mapuches que hayan tenido o tengan un conflicto territorial, incluida la Lafken Winkul Mapu, como pertenecientes a una organización que va a declarar como terrorista”.
“Para encontrar antecedentes de estas dos cosas hay que remontarse a la dictadura militar, en la cual todo tipo de organizaciones fueron consideradas terroristas en el marco de una guerra del Estado contra todas las organizaciones populares”, opinaron.
“Buscan instalar (y hasta ahora con bastante éxito) la idea de que todo el pueblo mapuche es terrorista. Pero, como ya alertara Bertolt Brecht, que nadie respire aliviado porque después vendrán por los demás”, concluyeron.