El Gobierno confirmó una auditoría masiva en pensiones por invalidez laboral
En una acción decidida a regularizar el sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral, el Gobierno Nacional ha anunciado la implementación de un exhaustivo proceso de auditoría que abarcará más de un millón de casos en todo el país.
Esta medida surge luego de detectarse irregularidades masivas que cuestionan la legitimidad de una significativa porción de beneficiarios del sistema. La Agencia Nacional de Discapacidad, en colaboración con el PAMI, estará a cargo de este proyecto, que incluye revisiones detalladas y entrevistas presenciales.
La decisión oficial, que se sustenta en los resultados de una última auditoría realizada hacia finales de 2024, ha puesto al descubierto que cerca del 80% de los beneficiarios actuales no cumplen con los requisitos estipulados para recibir esta asistencia estatal. Se ha revelado que los fondos han estado beneficiando, en gran medida, a personas que no sufren la discapacidad que declararon tener, generando un gasto injustificado para el Estado.
Durante las primeras etapas de este plan de auditoría, se prevé que equipos médicos del PAMI lleven a cabo un cuidadoso análisis de cada caso, que incluirá visitas domiciliarias y entrevistas presenciales a lo largo y ancho del territorio nacional. Se pretende determinar de forma precisa la validez de las condiciones que justifican la concesión de una pensión.
En el transcurso de la anterior revisión en la provincia de Chaco, se destacaron cifras alarmantes: un 87.17% de los citados resultaron no cumplir con los requisitos, lanzando serias dudas sobre la gestión de miles de pensiones otorgadas de forma irregular. Solamente un 13.58% de los revisados fueron clasificados como elegibles para seguir recibiendo el beneficio.
Se ha subrayado el propósito de estas auditorías como parte de un plan más amplio del Ejecutivo que busca un uso más responsable de los recursos públicos, evitando que recursos destinados a aquellos en necesidad crítica sean desavenidos hacia usos indebidos. Cabe destacar que esta acción no solo pretende fiscalizar, sino también optimizar la administración de recursos, poniendo en valor una normativa más consistente y ajustada a las demandas actuales de la política social argentina.