USO INDEBIDO DE BIENES PÚBLICOS
Diputada de LLA denunció a Fabiola Yañez por "malversación de caudales públicos"
La diputada nacional por el partido de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, protagonizó un encendido episodio en la arena política al presentar una denuncia penal de alto perfil contra la ex primera dama de la nación, Fabiola Yañez. Según la legisladora, Yañez incurrió en el mal uso de recursos públicos, una acusación que levanta preguntas sobre la administración de los bienes estatales.
Pagano, en su denuncia radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 7, señaló que su acción judicial busca esclarecer el supuesto manejo irregular de los recursos asignados a Yañez a través del Servicio de Protección de Estado y Custodia. Este servicio está diseñado para ofrecer seguridad a dignatarios y sus familiares, proporcionando personal y logística necesaria, como vehículos y choferes. Según Pagano, Yañez habría desviado estos beneficios para propósitos personales, alejándose del propósito original de seguridad que dicta el reglamento.
El ambiente político ya estaba caldeado tras el reciente pronunciamiento del presidente Javier Milei, quien cuestionó públicamente la necesidad de mantener esa custodia sobre Yañez. Milei instó a la justicia a evaluar y posiblemente revertir esta asignación de recursos estatales.
En sus redes sociales, enfatizó que los fondos públicos deben servir para el beneficio de toda la ciudadanía y no para mantener lujos personales de quien no responde más al cargo público. La declaración del jefe de Estado abonó el terreno para la presentación de Pagano que podría transformar el curso político actual.
Fabiola Yañez vive actualmente en España, alejada del epicentro mediático argentino, pero aún bajo la lupa pública debido a su pasado como pareja del ex Presidente de la Nación. Su condición le permitió acceso a estos recursos de protección estatal, situación que, según las palabras de la propia diputada nacional, habría mal utilizado. Utilizar choferes y vehículos asignados para funciones no pertinentes a sus tareas oficiales plantea una crítica hacia cómo se gestionan estos privilegios.
La polémica sigue creciendo con declaraciones de diversos actores del ámbito político que ven en esta denuncia una oportunidad para repensar los alcances de los beneficios otorgados a integrantes del poder político y sus allegados. Marcela Pagano destaca que, de probarse las acusaciones, esto constituiría una desviación indebida de recursos públicos, lo cual es grave para el manejo del erario.