El Gobierno propone un proyecto de ley que considera a las barrasbravas organizaciones criminales

El Gobierno Nacional se encuentra desarrollando un proyecto de ley destinado a transformar la forma en que se perciben las barrasbravas. Con este proyecto, se busca clasificarlas en una categoría más severa: la de organizaciones criminales.

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Este ambicioso proyecto se encuentra bajo exhaustiva revisión administrativa en las oficinas de Legal y Técnica de la Presidencia. La esencia de la ley es contundente: tratar a las barrasbravas como asociaciones ilícitas. Esto no se reduce únicamente a los miembros activos que frecuentan jueves y domingos los estadios, sino que además pone en la mira a dirigentes deportivos que puedan estar colaborando con estas asociaciones.

Desde Nación se pretende que las actividades realizadas por estas agrupaciones sean tipificadas como crimen organizado. Con esta re-categorización jurídica, los actos como el transporte de armas dentro de estadios o la reventa de entradas no oficiales se enfrentarían a penas que van de dos a cuatro años de cárcel. El círculo no cierra ahí, pues también extiende la responsabilidad y las penas a individuos en el ámbito directivo del club que, de manera directa o indirecta, pudieran estar proveyendo estas ayudas.

Un punto crucial en la normativa es el foco en quebrar el financiamiento de estas estructuras ilegales. Entre otras fuentes de ingreso, uno de los objetivos es el ilegal control de estacionamientos en proximidad a los estadios realizado por "trapitos", una práctica descontrolada que erosiona la normalidad en encuentros deportivos.

El nuevo régimen regulador no solo busca enfrentar penalmente a los culpables con delitos ya definidos, sino que también amplía un espectro punitivo a aquellos bajo investigaciones criminales. Tomando como referencia a casos notables como el de Rafael Di Zeo, conocido líder de “La 12”, parte del proyecto incluye un sistema de admisión más estricto que permite prohibir el ingreso al estadio a personas solo bajo la sospecha de delinquir. Bien avanzado el proceso, si la sospecha se confirma con una condena oficial, la barrera es permanente.

El involucramiento de autoridades deportivas no termina con las barras; estas estarán obligadas, bajo el riesgo de enfrentar serias consecuencias legales, a evitar el ingreso de armas a los espacios deportivos y negar la entrada a individuos con antecedentes penales vinculados a actividades de barrasbravas. La intención tácita es reforzar los límites legales dentro de los márgenes actuales para que ningún vacío sea explotado en favor de los delincuentes.

Con información de TN.