JUDICIALIZACIÓN
Un gremio presentó una cautelar contra el examen de idoneidad para empleados públicos
El reciente avance del gobierno en la implementación de una evaluación de idoneidad para los empleados públicos ha generado una enérgica respuesta por parte de los gremios que defienden a estos trabajadores.
Tanto es así que estos han impulsado una medida cautelar en la Justicia para frenar lo que consideran un proceso inconstitucional. La iniciativa de evaluación, conocida como "Evaluación General de Conocimientos y Competencias" (SEP), fue impulsada por Sturzenegger y ha sido calificada por los gremios como completamente ilegal.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha llevado su reclamo al Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 3, que está bajo la jurisdicción del juez Santiago Ricardo Carrillo. En su presentación, ATE argumenta que el sistema proyectado por el gobierno representa una vulneración de derechos fundamentales y contraviene las normas establecidas en los convenios colectivos de trabajo vigentes. Además, acusan al proceso de falta de transparencia y de imparcialidad, elementos que consideran esenciales en cualquier evaluación de este tipo.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó su postura de manera clara y contundente. Exigió la anulación de las evaluaciones y destacó las múltiples falencias del procedimiento propuesto. "Hay una notoria falta de transparencia en todo este proceso", señaló Aguiar, quien también cuestionó la seguridad de los soportes digitales que se prevé utilizar durante las evaluaciones. Estas críticas subrayan la desconfianza que genera entre los trabajadores y sus representantes este tipo de reformas impulsadas unilateramente por el Estado.
De acuerdo con la información oficial, las evaluaciones tienen respaldo en la Resolución 26/2024 que se publicó en el Boletín Oficial. El plan del gobierno es someter a más de 40.000 empleados públicos contratados a estos examenes, otorgándoles un "certificado de idoneidad" si logran aprobar la prueba. El gobierno ha argumentado que este procedimiento busca garantizar que quienes trabajen en la Administración Pública Nacional tengan las competencias necesarias para ello.
Según reveló el Gobierno, el examen de idoneidad comenzará en diciembre sobre todos aquellos empleados cuyo contrato se venza el 31 de ese mes. Por su parte, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado explicó que la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, del Sistema de Evaluación Pública (SEP), será un requisito para poder trabajar en la Administración Pública Nacional.