2024-11-20

Prorrogan la emergencia energética y la adecuación de tarifas de luz y gas hasta 2025

Se extiende hasta el 9 de julio de 2025.

En un contexto de crisis estructural que afecta al sector energético del país, el Gobierno ha oficializado la prolongación de la emergencia en este sector vital hasta el 9 de julio de 2025. Esta decisión, enmarcada en el Decreto 1023/2024, tiene como objetivo asegurar la sostenibilidad y continuidad de los servicios de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, cruciales para el funcionamiento económico y social.

La ampliación de la emergencia responde a la necesidad de implementar medidas efectivas que mantengan a flote un sector fuertemente impactado por la inestabilidad económica y la falta de inversión sostenida. Según se detalla en el decreto, esta prórroga es vista como un tiempo crítico para "obtener resultados satisfactorios" y coordinar esfuerzos que unifiquen objetivos y promuevan una solución a largo plazo.

Además del crecimiento en general y la sostenibilidad, el Gobierno ha instruido a la Secretaría de Energía a velar por que los ingresos del sector se mantengan en términos reales y afrontar las necesidades continuas de inversión necesarias para los servicios públicos de transporte y distribución. Estos deben seguir operando con calidad técnica y eficiencia económica para los usuarios y las empresas involucradas.

 

 

Parte integral del plan de emergencia es la intervención continuada de los dos principales entes reguladores, el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS). Bajo la dirección de la Secretaría de Energía, dichos entes serán responsables de modificar las tarifas de manera transitoria y alinear los procesos regulatorios con la nueva extensión de la emergencia hasta mediados de 2025, todo ello bajo un plan que favorezca la participación ciudadana a través de audiencias públicas.

Por otro lado, la normalización del esquema tarifario, que ha sido pospuesta, conlleva modificar el actual mecanismo de actualización basado en la inflación pasada, optando por un enfoque más proactivo que atienda a la inflación futura. No obstante, pese a los ajustes transitorios anteriores, el avance hacia las inversiones estipuladas por las empresas sigue siendo lento, señalando que las obras planificadas, cuya envergadura demanda extensión en tiempo, no han cumplido aún las expectativas.

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