El Gobierno denunció al sindicato aeronáutico por secuestro de pasajeros
El conflicto laboral en el Aeroparque Metropolitano ha escalado hasta convertirse en un caso judicial, tras la denuncia interpuesta por el Gobierno Nacional contra la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y los trabajadores de la firma Intercargo. La acusación, presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación ante el Juzgado 11, presidido por el juez Julián Ercollini, alega supuestos delitos de abandono de personas, intimidación pública y bloqueo, tras las protestas laborales desarrolladas en el aeropuerto.
Las autoridades enfatizaron la gravedad de la situación. Manuel Adorni, vocero presidencial, explicó la posición del gobierno manifestando que "hay personas que han permanecido como rehenes, sufriendo ataques de pánico y otras descomposturas debido a lo que definió como una actitud terrorista sindical." Según Adorni, más de 1.500 pasajeros resultaron afectados y atrapados en aviones de las líneas Jet Smart y Flybondi, lo que motivó una intervención coordinada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería.
La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) se apresuró a distanciarse del incidente, aclarando en una declaración en la red social X que no respaldan las acciones de los gremios que representan a los pilotos y tripulantes de cabina. El comunicado de APTA destacó que las medidas de fuerza en curso buscan un reconocimiento salarial en Aerolíneas Argentinas, pero hasta ahora no han obtenido resultados económicos favorables que excedan lo estipulado por el gobierno.
Por su parte, la respuesta del Gobierno ha sido clara. "Aquellos que infringen las leyes pagan por sus acciones", aseguró Adorni, reafirmando que la denuncia también contempla imputaciones de privación ilegítima de la libertad extorsión y, entorpecimiento del transporte aéreo—todos delitos contemplados y castigados por el marco jurídico argentino.