CON EL OBJETIVO DE "BAJAR EL GASTO PÚBLICO"
Sturzenegger confirmó orgulloso que echaron a más de 30 mil empleados públicos
En un gesto contundente hacia la reestructuración del gasto público, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha confirmado que la administración bajo el liderazgo de Javier Milei ha visto una reducción de más de 30,000 posiciones en el empleo estatal. Esta decisión, aunque polémica, se enmarca dentro del plan del gobierno de disminuir la carga impositiva a través de recortes significativos en el gasto público.
En su mensaje divulgado mediante la red social X, Sturzenegger expresó la perspectiva económica detrás de estas medidas, declarando que "la única manera sustentable de bajar la carga de impuestos es bajando el gasto público". Acompañando sus palabras, un gráfico detallaba la evolución drástica en la plantilla de trabajadores del Estado desde que el actual gobierno tomó posesión, subrayando la cifra final de 33,291 despedidos.
Los datos oficiales desagregan que 20,026 empleos afectados proceden de la administración central y descentralizada. Por su parte, el sector de empresas públicas vio una disminución de 11,014 trabajadores, y el personal en sectores de seguridad y militar comprendió 2,251 de los cesados. Esta reorganización encuentra su justificación en la política fiscal que promulga la administración de Milei, destacando "la necesidad de equilibrar las cuentas públicas mediante estos rigurosos ajustes".
Durante el reciente Coloquio de IDEA en Mar del Plata, Sturzenegger compartió con empresarios su firme convicción sobre la necesidad imperante de no solicitar reducciones impositivas, sino en su lugar, un decrecimiento del gasto estatal. Este pensamiento se alinea con las acciones que ya lleva adelante su cartera.
En el más reciente movimiento de esta política, el Ministerio de Desregulación ha empezado un proceso de notificación dirigida especialmente a empleados públicos que se encuentran en condiciones de iniciar su retiro. Este paso, que afecta a casi 10,000 trabajadores, apunta específicamente a acelerar los trámites de jubilación de unos 6,800 empleados de planta permanente.
Con la estrategia actual, el gobierno persigue "un nuevo orden económico", aunque no sin controversias derivadas de las consecuencias sociales y laborales que estas decisiones podrían acarrear.