Pasó al 7 de noviembre la definición al pedido de sobreseimiento de Gennuso

El juez Marcelo Álvarez Melinger escuchó los planteos de las partes y tomó un cuarto intermedio de 48 horas para decidir si acepta el sobreseimiento planteado por la defensa o por el contrario habilita el control de acusación, en el que la fiscalía pedirá llevar a juicio al exjefe comunal, por el manejo irregular de fondos nacionales que arribaron al municipio para la concreción de dos planes de viviendas federales, conocidos como Techo Digno. Horas despues, se conoció que por motivos de agenda, la continuidad del caso se dará el 7 de noviembre, de manera presencial

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La audiencia de este miércoles inició con la queja del fiscal jefe Martín Lozada por la autorización para que la audiencia se realice de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. Explicó el representante del Ministerio Público que la modalidad está reservada a situaciones en que la distancia de algún protagonista respecto de las salas de audiencias, así lo impone. Pero en el caso, solamente el defensor de Gennuso, Juan Manuel Maza, no está en Bariloche. Solicitó Lozada que se habilite el planteo preliminar que iba a realizar la defensa, pero en lo sucesivo se ordene la realización de audiencias presenciales. Así fue dispuesto finalmente por el magistrado.

Sobre el particular, además entró en escena el contagio de Covid-19 que padece Gustavo Gennuso quien, según explicó, mañana ya tendrá el alta y podrá entonces acudir presencialmente a las próximas audiencias.

En el caso la fiscalía le atribuyó a Gustavo Gennuso desviar unos 105 millones de pesos desde una cuenta municipal de fondos específicos, para construir viviendas, a otra cuenta bancaria municipal, en otra entidad bancaria, en la que se constituyeron plazos fijos. Además, según describió Lozada, pese al trabajo de los contadores del Ministerio Público Fiscal durante tres años, aún no fue posible determinar el destino que tuvieron los 17 millones de pesos que el municipio obtuvo de intereses por aquellos sucesivos plazos fijos constituidos.

Según indicó el fiscal Lozada, el exintendente Gennuso (2015-2023), que asumió en el cargo el 8 de diciembre de 2015, recibió los acuerdos en curso -firmados por su antecesora con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación- por la construcción de dos paquetes de viviendas del plan Techo Digno, uno por 376 y otro por 495 casas, y el depósito de 157.915.146 pesos en una cuenta específica del Banco Nación para ese destino.

El fiscal jefe de Bariloche puntualizó que esos fondos tenían una “asignación especifica destinado al pago a las empresas constructoras contra la certificación de avance de obra correspondiente”, y Gennuso por su cargo tenía la “custodia y administración” de ese dinero.

Sin embargo -indicó el fiscal- Gennuso derivó 100 millones de pesos entre enero y abril de 2016 al Banco Credicoop para constituir varios plazos fijos y entre abril y diciembre del mismo año creó otros 10 plazos fijos con esos recursos. Además, puntualizó que el 1 de noviembre de 2016 el exintendente autorizó el débito de un cheque por 5 millones de pesos de la cuenta corriente del Banco Nación (donde estaban los fondos de Techo Digno) y se acreditó en una cuenta de la Municipalidad en el Banco Credicoop, con la cual al día siguiente se constituyó otro plazo fijo con vencimiento el 26 de diciembre de ese mismo año.

Para el Ministerio Público el accionar de Gennuso generó un “quebranto a la administración pública y custodia de esos caudales”, que encuadró en el delito de peculado -por retirar el dinero de la esfera de control municipal que tenía al ser un fondo específico- por tres hechos en concurso real.

No obstante la acusación, el defensor Maza solicitó el sobreseimiento por aticipicidad, y apuntó que la maniobra reprochada fue ejecutada en tesorería del municipio, por los funcionarios Ruth Saavedra y Carlos Reine. Además evaluó que el dinero nunca salió de la esfera de la municipalidad, pues en todo caso fue de una cuenta bancaria a otra que pertenecían ambas al municipio y que se generaron intereses. Además, subrayó que las viviendas que estaban relacionadas a esos fondos se terminaron y entregaron todas.

Con la oposición fiscal, que pretende avanzar a la etapa de juicio y ventilar los pormenores del caso en audiencias públicas, el juez Álvarez Melinger decretó el cuarto intermedio de 48 horas, aunque la resolución podría extenderse por complejidades de agenda entre las partes y la Oficina Judicial.