ATACARON EL JUZGADO FEDERAL DE BARILOCHE
Confirman condena a tres personas por atentado a la autoridad
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego G. Barroetaveña y Carlos A. Mahiques, resolvió el recurso de casación presentado por los defensores de Matías Daniel Santana, Ariel Navarro y Laura Gisel Millañanco, condenados por atentado a la autoridad.
El fallo, dictado el 24 de octubre de 2024, confirma la sentencia del Juzgado Federal de Bariloche, que les había impuesto una pena de un año de prisión de ejecución condicional y dos años de reglas de conducta, tras determinar que los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2018.
La condena se refiere a un incidente ocurrido durante la lectura de la sentencia que decidió la extradición del líder mapuche Francisco Facundo Jones Huala a Chile. En ese contexto, un grupo de aproximadamente 50 personas se reunió pacíficamente en las afueras del juzgado, pero la situación se tornó violenta tras una comunicación en vivo con el propio Jones Huala, quien instó a los manifestantes a atacar a aquellos que no pertenecieran a la cultura mapuche.
Los acusados fueron reconocidos por su participación activa en el ataque, que incluyó el lanzamiento de piedras y el uso de palos contra los efectivos policiales apostados para la custodia del lugar.
Los defensores argumentaron que no se habían comprobado las características específicas del delito por el cual se condenó a sus defendidos, destacando que no hubo exigencias ni intimidaciones a funcionarios públicos durante el evento. Sin embargo, el fiscal general Javier Augusto De Luca solicitó el rechazo del recurso, sosteniendo que la sentencia se basó en pruebas sólidas y que no existía vicio alguno que invalidara el fallo.
El juez Petrone destacó la admisibilidad del recurso, señalando que la condena se basó en un análisis exhaustivo de las pruebas, incluidas filmaciones y testimonios de los efectivos agredidos. En su análisis, enfatizó que los acusados, al actuar de manera conjunta y violenta, atentaron contra la autoridad de los funcionarios encargados de mantener el orden en el juzgado.
La confirmación de la condena subraya la postura de la justicia federal en relación con los ataques a la autoridad y el cumplimiento de la ley, enfatizando la importancia de mantener la seguridad en las instituciones estatales. La sentencia no solo establece un precedente sobre la aplicación del código penal en casos de violencia hacia funcionarios públicos, sino que también resalta la responsabilidad individual en el contexto de manifestaciones públicas.
El fallo finaliza un proceso judicial que ha captado la atención de la comunidad local y plantea preguntas sobre la dinámica entre la protesta social y el respeto por el orden público en el marco de los derechos civiles.