Alberto Fernández pidió apartar al fiscal en la causa por violencia de género
Alberto Fernández ha solicitado oficialmente el apartamiento del fiscal Ramiro González, quien actualmente lo investiga en la causa por presunta violencia de género. A través de un documento de 23 páginas, la abogada defensora del exmandatario, Silvina Irene Carreira, explica con detalle las razones para exigir el cambio de fiscalía, aludiendo a potenciales violaciones a la equidad procesal.
Según el documento, se ha vulnerado “el principio de igualdad de armas”, clave en un proceso justo. Carreira ha tratado de subrayar las irregularidades que, según ella, han caracterizado la actuación del fiscal González, poniendo en tela de juicio la imparcialidad del caso.
El núcleo del argumento radica en que existen “circunstancias suficientes que afectan los principios de objetividad, legalidad y oficialidad” del procedimiento actual, lo que amenaza, sostiene, con distorsionar las garantías de defensa a las que su cliente tiene derecho.
El escrito expone seis aspectos en los que se fundamenta la petición de apartamiento del fiscal. Uno de los puntos es la supuesta “Prohibición de participar en audiencia testimonial”, en la que Carreira asegura que fue marginada de aspectos cruciales del testimonio de Fabiola Yañez, pareja del expresidente, violando así el derecho a la defensa. Además, acusa al fiscal de filtrar información a la prensa, comprometiendo la integridad del proceso.
Otro de los argumentos es la “suspensión sucesiva de audiencias”, algo que la defensa señala como un intento de entorpecer el derecho a un proceso justo. Carreira afirma que estas suspensiones fueron demandadas por la parte querellante sin bases sólidas, lo cual, advierte podría estar perjudicando deliberadamente a Fernández.
Esta afirmación subyace también en otros puntos del documento, donde manifiesta la “diferencia de criterios” del fiscal con respecto a reuniones informales con testigos, en las cuales la defensa no fue incluida, como en el caso de María Cantero, quien fuera secretaria del exmandatario.
Una queja adicional que surge del escrito es sobre el acceso limitado a una copia forense del celular de Yañez, considerada prueba determinante. La letrada sostiene que se obvió la participación de la defensa en dicho análisis, previniendo a su cliente de una inspección imparcial.
Finalmente, el documento apunta también a una “Omisión de investigar” ciertas declaraciones de la ex primera dama. Esta situación, argumenta, pone en cuestión el cumplimiento de los deberes del fiscal.
El clamor de la defensa de Fernández es claro: debe garantizarse que la Fiscalía actuante sea imparcial y efectiva. “Sostenerla”, concluye el documento, “sería violentar el derecho a un verdadero ejercicio serio, pleno y eficaz de la defensa”.