El Gobierno disolvió tres fondos fiduciarios: de cuáles se tratan
En los últimos movimientos del gobierno nacional, se determinó el cese inmediato de operaciones de tres fondos fiduciarios mediante el Decreto 888/24. Este proceso fue analizado y luego comunicado por la Casa Rosada, justificando la medida en las evidentes ineficiencias demostradas durante el periodo de funcionamiento de estos fondos.
La orden fue formalizada con la firma del presidente Javier Milei, acompañada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes avalan esta decisión como parte de una estrategia de optimización de recursos.
El Fondo Nacional de Emergencias, el primero de los mencionados, fue un proyecto que comenzó en 2016 con la aspiración de brindar apoyo financiero para afrontar emergencias que pudieran presentarse en el territorio nacional. A pesar de su tiempo en circulación, este fondo nunca se tornó operativo, según el comunicado emitido por el gobierno. Las autoridades señalaron que carecía de asignaciones presupuestarias adecuadas y un plan de acción contundente, lo que terminó convirtiéndolo en un recurso que no logró ni siquiera arrancar en su operación.
Lamentablemente, una historia similar siguió el Fondo Fiduciario Progresar, creado en 2022. Este tenía como misión canalizar y potenciar estratégicas acciones asociadas al plan Progresar, una iniciativa establecida en 2014 con el propósito de mejorar la educación y las oportunidades para los jóvenes. Sin embargo, este proyecto tampoco consiguió los recursos necesarios para sostener su funcionamiento, dejando en el aire los objetivos y propuestas que se había trazado cumplir en beneficio de los estudiantes.
Por último, el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos fue otro de los cierres declarados. Se pensó para financiar medidas protectoras de los bosques, cruciales para la biodiversidad y el equilibrio ecológico del país. No obstante, la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló serios problemas en los registros de gestión y debilidades institucionales dentro del sistema, sumado a la ausencia de indicadores claros y precisos sobre las medidas realmente emprendidas. Estas falencias impactaron negativamente en su capacidad para implementar proyectos a favor de los recursos forestales.