PRIMERAS ELECCIONES
Se viene el primer test electoral de 2025: las elecciones legislativas en Salta ya tienen fecha
La provincia de Salta ha dado un paso significativo al fijar la fecha de sus elecciones legislativas provinciales para el 4 de mayo de 2025. Esta decisión de desmarcarse del calendario electoral nacional ha sido aprobada por el gobernador Gustavo Sáenz, generando una serie de comentarios y análisis respecto a sus implicancias políticas.
Uno de los principales cambios anunciados es la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), a pesar de que este sistema aún se mantiene en varias provincias del país. Ricardo Villada, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta, fue el encargado de oficializar esta decisión, resaltando que las PASO no eran utilizadas plenamente por los partidos y representaban un gasto significativo sin el correspondiente beneficio electoral. Villada subrayó que muy pocos partidos optaron por internas, utilizando las PASO más como requisito para saltar a las elecciones generales que como un debate interno real.
Además, Salta ha decidido seguir utilizando el sistema de voto electrónico, a contramano de la reciente adopción de la Boleta Unica de Papel a nivel nacional. Este movimiento ha sido defendido por Villada, quien afirmó que el sistema electrónico es un reflejo de la modernización electoral necesaria. "Es un avance que estamos decididos a mantener pese a los cambios a nivel nacional", añadió, destacando la experiencia previa de la provincia en el uso de esta tecnología.
Con la derogación de las PASO, los partidos políticos deben ahora asumir el reto de realizar sus internas de manera autónoma, enfrentando fronteras internas para legitimar candidaturas. Esta decisión resalta la política dialoguista del gobernador Sáenz, quien ha manifestado "su deseo de darle mayor responsabilidad a los afiliados y restablecer su protagonismo en los procesos electorales".
Este contexto de cambio electoral en Salta se da en un marco de tensión política con el gobierno nacional en cuestiones presupuestarias, especialmente sobre la asignación de recursos para obras públicas y servicios esenciales. Sin embargo, la singularidad de la decisión salteña podría convertirse en un modelo o tema de discusión para otras provincias en el futuro cercano.