Investigan "negocio" de venta de bebés al exterior y reclutamientos de gestantes

La justicia argentina se encuentra inmersa en una exhaustiva investigación sobre un complejo entramado de tráfico de bebés y explotación de mujeres gestantes. Esta red criminal ha sido acusada de operar a nivel trasnacional, captando a mujeres en situación de vulnerabilidad para que actúen como gestantes subrogadas. Tras el nacimiento, estos niños son entregados a comitentes, muchos de ellos de nacionalidad extranjera.

El caso, que ha sacudido a diversas instituciones, desde clínicas de fertilidad hasta estudios notariales, implica una elaborada logística que busca eludir las leyes nacionales e internacionales. En el centro del proceso se encuentran cuatro centros de fertilidad en Buenos Aires y Rosario, que brindaron tratamientos de inseminación artificial y manejo integral de los embarazos subrogados. La falta de una regulación efectiva en Argentina ha facilitado la perpetuación y expansión de estas prácticas ilegales.

Los acusados promocionaban a nivel internacional un particular "Programa Argentina" que contemplaba desde la elección de la gestante hasta el mismo alumbramiento. A cambio de una tarifa de 50,000 dólares, los clientes aseguraban la llegada de un bebé sin la necesidad de esperar los generalmente largos y complejos procesos de adopción. Las mujeres gestantes reclutadas, por su parte, recibían modestos pagos, entre 10,000 y 12,000 dólares, que apenas compensaban el riesgo físico y emocional al que se enfrentaban.

Entre las operaciones desarticuladas se han identificado incluso casos en los que los acuerdos notariales fueron basados en declaraciones falsas, constituyendo un claro delito contra la fe pública. El caso 1, en el cual se descubrió que una bebé nacida en Argentina fue llevada hasta Alemania por una mujer sin vínculo alguno con el recién nacido, ha sido una de las precuelas para el despliegue de esta compleja but C á investigación.

La Fiscalía sostiene que el trasfondo económico de estos actos ilegales era evidente: cuantiosas ganancias derivadas de la explotación de las mujeres y la transacción ilegal de seres humanos. Adicionalmente, se pone en juego la dignidad y los derechos de los recién nacidos, alinear tales transacciones con situaciones de servidumbre o esclavitud. 

Cabe mencionar que, la compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional inserto en su art. 15 donde los constituyentes previeron expresamente que “todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice”.

A estas hipótesis se agregaría, a su vez, la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas, lo que se materializa en los supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los escribanos públicos ante el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.