Cómo reaccionó el Gobierno nacional a la marcha universitaria
El escenario en el que se desarrolló la marcha universitaria ha vuelto a avivar la polarización política en Argentina. Según fuentes del Ejecutivo, la movilización fue utilizada para sacar provecho en términos políticos, poniendo en el ojo del huracán la presencia de figuras como Cristina Kirchner y Sergio Massa.
El Gobierno de Javier Milei no tardó en expresar su postura ante los reclamos y demandas de los estudiantes de las universidades públicas, quienes exigen que el presidente no vete la Ley de Financiamiento Universitario. Esta ley, según argumentan los manifestantes, no representa un riesgo fiscal para el Estado. En los próximos días se espera que el decreto que anule esta medida se publique en el Boletín Oficial.
Una fuente en Casa Rosada señaló que la movilización responde más a una agenda política que a una necesidad genuina del sistema educativo universitario. "Acompañamos la idea de aumentar el financiamiento de las universidades, pero nos tienen que decir de dónde quieren sacar la plata", agregó. Otro integrante del Ejecutivo, agregó: “Nuestro problema es con el Congreso, no con las universidades”.
Por su parte, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, advirtió que no existen los fondos necesarios para satisfacer las demandas planteadas por dicha ley. "Para nosotros tampoco corresponde darlos; hay otros empleados del Estado que no han tenido aumentos significativos como los que pretende el sector universitario", declaró. La semana anterior, el Gobierno ofreció un aumento del 6.8% a los gremios docentes, que fue rápidamente rechazado. Por ahora, Casa Rosada no ve probable una nueva oferta, aunque no descarta aumentar las partidas presupuestarias el próximo año.
Por su parte, los gremios universitarios, representados en la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun), han resaltado que el Ejecutivo reconoce un atraso salarial del 50% en comparación con la inflación, aunque insisten en que no han visto ninguna propuesta concreta para resolver esta situación. La Ley de Financiamiento es, a su juicio, imprescindible para que los sueldos se actualicen en consonancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Mientras la marcha se disolvía en Capital Federa, alrededor de las 18 horas, desde el Gobierno advirtieron que evalúan judicializar el veto presidencial si el Congreso logra los dos tercios necesarios en ambas cámaras para rechazarlo.