PODRÍA PERDER SU CARGO
Polémica: denunciaron al marido de Pampita por malversación de fondos
El 27 de septiembre de 2024, Roberto García Moritán, marido de la reconocida modelo Pampita, se vio envuelto en una compleja situación legal que podría costarle su cargo. La denuncia, que se originó en los tribunales de Comodoro Py, fue presentada por Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático.
Miguez acusó a García Moritán de malversación de caudales públicos y peculado, señalando una presunta “contratación irregular de 384 empleados del Ministerio de Desarrollo Económico”. Además, según la denuncia, se han registrado posibles irregularidades en la gestión de distintas fundaciones y donaciones.
Los antecedentes de esta situación se remontan a febrero pasado, cuando un grupo de legisladores opositores a Jorge Macri hicieron públicas sus sospechas sobre contrataciones irregulares. La denuncia presentada por Miguez sostiene que García Moritán habría adquirido una importante cuota de poder a través de nombramientos de personal y proveedores vinculados a eventos de elevada magnitud económica. La gravedad de la situación radica en que, presuntamente, algunos de estos proveedores habrían sido contratados a precios significativamente bajos denominados 'precio vil'.
En junio, estos legisladores presentaron un pedido de informes en la Legislatura, basado en publicaciones periodísticas que ponían en duda la transparencia de estas contrataciones. Sin embargo, según Miguez, hasta el 26 de septiembre no se obtuvo ninguna respuesta formal por parte de García Moritán ni de los legisladores que habían iniciado la denuncia. Miguez calificó estas acciones como 'carpeteazos', arguyendo que las denuncias se hicieron sin pruebas sólidas y se utilizaron como medio de presión política, sin pasar por el ámbito administrativo correspondiente.
Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia es la supuesta contratación de 384 personas en el lapso de seis meses, todas con sueldos superiores a los 1.000.000 de pesos, sin justificación para sus tareas en el Ministerio de Desarrollo Económico. Además, se acusa a García Moritán de asignar puestos a familiares de compañeros de partido, como el caso de Aylén Santoro, hermana del legislador Yamil Santoro, quien, según los documentos presentados, recibiría un salario mensual de 947.000 pesos con aumentos desde marzo.
Miguez ha solicitado a la justicia la implementación de una serie de medidas de prueba para corroborar estas acusaciones. Esta situación no solo pone en jaque la reputación de García Moritán sino que también podría tener repercusiones serias en su carrera política y en la gestión del Gobierno de la Ciudad.