El Gobierno denunció al sindicalista aeronáutico Pablo Biró por amenazas y extorsión
El Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, ha presentado una denuncia penal contra Pablo Biró, el Secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Acusan al gremialista de haber cometido el delito de amenazas extorsivas, según lo contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal.
Este acto se da en medio de un tenso conflicto entre el Gobierno y los trabajadores del sector aeronáutico por la reciente decisión gubernamental de declarar los servicios aéreos como esenciales.
La denuncia se llevó a cabo tras declaraciones de Biró que podrían ser consideradas delitos de acción pública, según las explicaciones emitidas por el Ministerio de Seguridad. El caso ha sido radicado en el Juzgado Criminal y Correccional N°12, bajo la jurisdicción de la jueza Elizabeth Paisán.
Los comentarios del sindicalista, realizados en el contexto del conflicto relacionado con la decisión del Gobierno de declarar el transporte aéreo como un “servicio esencial”, fueron interpretados como una amenaza de “males futuros” que podrían perjudicar tanto a Aerolíneas Argentinas como al público en general. En diálogo con medios de comunicación, Biró expresó: “Esto se va a poner mucho peor”.
Desde la perspectiva del Ministerio de Seguridad, las acciones de Biró podrían ir más allá del derecho constitucional de huelga, ya que se trata de un servicio esencial. La presentación judicial enfatiza que una interrupción abrupta en este sector podría tener un impacto considerable en la seguridad pública, y subraya la importancia de que las medidas de fuerza sean razonables y proporcionadas.
El objetivo del Ministerio con esta denuncia es preservar la estabilidad de los servicios esenciales y proteger los derechos de los ciudadanos. Según subraya el comunicado oficial, cualquier huelga que pueda afectar un servicio público sin haber agotado previamente las vías de conciliación podría ser considerada como una “huelga salvaje”, fuera del amparo de la Constitución Nacional.
En el documento, se exige a la Justicia que tome las medidas necesarias “frente a la gravedad de las amenazas vertidas por el titular de APLA”. La disputa sigue escalando después de que Guillermo Francos, jefe de Gabinete, comentara en una entrevista radial que el Ejecutivo “no va a permitir que se imponga la voluntad de Pablo Biró”.
Mientras tanto, los gremios aeronáuticos han expresado su indignación por la decisión del Gobierno de declarar esencial el servicio aéreo y remover a Pablo Biró del directorio de Aerolíneas Argentinas. Acusan al Ejecutivo de tratar de “alterar el funcionamiento interno” de la empresa nacional. Según los sindicatos, estas medidas podrían afectar “el derecho de propiedad y el libre ejercicio de los derechos societarios de los accionistas privados”.
En un comunicado, manifestaron: “Parece que no se detienen ante nada, especialmente ante la ley. Pueden afectar derechos privados, incluso derivados de la propiedad de acciones de una sociedad anónima, y confundir una sociedad regida por sus propios estatutos y legislación comercial, con el mismo Estado”.