INVESTIGAN TAMBIÉN A LOS POLICÍAS
Denuncia penal contra Bullrich por el gas pimienta que la policía le arrojó a la nena de 10 años
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser denunciada penalmente por su presunta responsabilidad en un operativo policial que terminó con una niña de 10 años rociada con gas pimienta en cercanías del Congreso. La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y se basa en los cargos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El hecho ocurrió durante una manifestación en las inmediaciones del Congreso. Un video que circula en las redes sociales muestra a un policía rociando directamente a la niña en el rostro con gas pimienta. La Justicia federal tomará la denuncia, siendo sorteada hoy viernes, y se espera que se inicie una investigación exhaustiva.
La imagen grabada por testigos desmiente categóricamente la versión oficial proporcionada por el gobierno, que inicialmente alegó que una manifestante estaba involucrada en la agresión a la menor.
Dalbón, conocido por su activismo y casos de derechos humanos, insiste en que este es un claro ejemplo de violencia institucional y violación de los Derechos Humanos, además de incumplir la Convención de los Derechos del Niño. "Es una muestra palpable de la política represiva llevada a cabo por el actual gobierno y, ahora, finalmente ha llegado a la justicia", comentó el abogado.
El abogado no solo busca responsabilidades en la cadena de mando, sino también la individualización de los agentes involucrados. Este punto es esencial para esclarecer las responsabilidades a distintos niveles y asegurar que los autores materiales e intelectuales del hecho sean llevados ante la justicia.
Citando el artículo 248 del Código Penal, Dalbón enfatiza que el abuso de autoridad está claramente tipificado y conlleva penas de prisión e inhabilitación especial para funcionarios públicos que actúen en contravención a la ley.
Además, mencionó el artículo 45 del mismo código que establece penas para aquellos que faciliten, colaboren o induzcan la comisión del delito. Por lo tanto, tanto los autores directos como quienes actuaron en complicidad enfrentan un escenario jurídico complejo y delicado.