Prestó una colaboración fundamental para estafar a un turista: devolvió el dinero y zafó

El juez Víctor Gangarrossa dispuso el sobreseimiento definitivo de una mujer que había sido imputada por el delito de estafa, tras la denuncia de un turista que fue engañado e inducido a depositar una seña por un departamento en alquiler. La acusada devolvió el dinero, el damnificado se dio por satisfecho y el caso se cerró sin condenas.

Lee también: "Ese sector hoy no se toca": la advertencia ignorada por los tres esquiadores antes de la avalancha en cerro López

La fiscalía había imputado a Luciana Belén Guerrero Millanao, domiciliada en Viedma, por un hecho ocurrido en julio de 2022, pero tras la formulación de cargos las partes negociaron una salida consensuada y lograron un acuerdo en marzo de 2023. Vencidos los plazos establecidos en el mismo y cumplidas las condiciones establecidas, la mujer fue sobreseída definitivamente.

Lee también: Se registró un sismo en el Volcán Osorno

Todo comenzó en julio de 2022, cuando desde su domicilio un hombre ingresó a internet para buscar un alojamiento en Bariloche para pasar unos días con su familia. Pero cayó en las manos de estafadores que montaron una puesta en escena que culminó con un perjuicio patrimonial ilegítimo para el damnificado, que no sólo depositó unos cuarenta mil pesos para reservar el departamento que supuestamente se ubicaba sobre calle Albarracín, sino que además también tuvo que aguantar las voces burlonas de su interlocutor –no identificado en el expediente-, quien apenas se produjo la transferencia de parte del denunciante, le blanqueó que se trataba de una farsa y comenzó a mofarse de ello.

Lo concreto es que según la fiscalía el hecho no podría haber ocurrido sin la participación necesaria de Guerrero Millanao, quien aportó su cuenta bancaria para recibir los fondos, que además transfirió casi de inmediato a otras cuentas virtuales a nombre de dos personas identificadas como José Eduardo Boccia y Cristian Joel Figueroa.

Según el relato de la víctima, todo se inició con una publicación en la red social Facebook, en la que ofrecían en alquiler turístico situado en la calle Albarracín. Tras iniciar contacto, la conversación se mudó a la aplicación WhatsApp, en donde se intercambiaron los datos para la transferencia.

Pero las partes lograron ponerse de acuerdo luego de la formulación de cargos, y con el aporte del fiscal Tomás Soto y la defensora oficial Paola Del Río, concretaron la resolución pacífica del conflicto, poniendo fin al expediente judicial que dictó el juez Gangarrossa.