Reforma del Estado: el Gobierno prepara un decreto para eliminar 60 organismos
El Gobierno actual ha tomado un paso decidido hacia la reforma del Estado y se dispone a firmar un decreto que eliminará cerca de 60 organismos. La responsabilidad de elaborar este ambicioso proyecto recae en el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien colabora estrechamente con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.
Este proyecto específico ha estado en la carpeta de la mesa técnica de Balcarce 50 desde marzo, pero fue solo a finales de junio que obtuvieron las facultades administrativas otorgadas por el Congreso al presidente Javier Milei, esenciales para la ejecución de esta reforma. Actualmente, están trabajando en la estructura legal necesaria para justificar la disolución de cada uno de estos organismos.
El plan es "eliminar alrededor de 60 organismos que regulan áreas que no nos interesa intervenir. La idea es unificar algunos y reducir sus atribuciones".
Entre los organismos que el gobierno tiene en la mira para su eliminación se encuentran el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros. Cabe destacar que, gracias a las facultades extraordinarias, Milei tiene la capacidad no solo de eliminar competencias y funciones sino también de reestructurar completamente los entes, e incluso cederlos a las provincias que así lo soliciten.
No obstante, algunas entidades estatales quedarán fuera del alcance de esta reforma. Las universidades, las dependencias del Poder Legislativo y Judicial, así como numerosos organismos especializados como el CONICET, ANLIS o INCUCAI, no serán intervenidos.
La Ley de Bases, específicamente su artículo 52, provee el marco normativo para abordar la situación de los empleados públicos afectados por la eliminación o reestructuración de sus áreas de trabajo. Según esta ley, los trabajadores serán retenidos un año con goce de sueldo en espera de reubicación y recibirán capacitación para otras funciones, o podrán ser transferidos para prestar servicios tercerizados.
A su vez, el gobierno tiene la opción de transferir a estos empleados a diversos niveles de la administración pública, incluyendo provincias y municipios, y estipula una indemnización de un mes de salario por cada año de servicio o fracción superior a tres meses, calculada sobre la base de la mayor remuneración del último año. Sin embargo, se sumó una disposición que exime al Ejecutivo de pagar indemnizaciones ante irregularidades comprobadas, como inasistencias injustificadas o abandono de tareas.
Paralelamente, la Casa Rosada impulsa una reducción progresiva del número total de contratados estatales. Hasta ahora, se ha logrado disminuir este número de 72,000 a 48,000, y el objetivo es eliminar todos los contratos temporales para el año 2026. Los despidos se están implementando mediante revisiones trimestrales de los contratos vigentes.