El Gobierno pretende liberar la tarifa de los taxis y habilitar las aplicaciones

A través de un proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo municipal, se pretende cambiar la figura de los taxis como servicio público, para que pase a denominarse “servicio de taxi” a secas.

De esta forma, ya no será el Estado el que fije la tarifa, sino que la propuesta le da la potestad a los propietarios para poner el precio de los viajes, similar a lo que ocurre con los remises desde que existen. Además, el reloj taxímetro pasaría a ser opcional y no obligatorio.

Según cita el proyecto, la tarifa podrá determinada por un “acuerdo libre entre las partes” o según lo que arroje el reloj, como sucedió siempre.

Asimismo, la iniciativa avala el uso de aplicaciones móviles de transporte, el cual se suma a todas las otras vías de comunicación que siempre estuvieron vigentes, lo cual incluiría también la habilitación y llegada de otras aplicaciones como Uber y Cabify de manera legal a la ciudad.

En los fundamentos, el intendente Walter Cortés expuso que uno de los problemas de la ciudad es que, producto de la estacionalidad, muchas veces la demanda es insuficiente en las temporadas y que esto lo padecen los vecinos de los barrios de la ciudad, porque los taxis prefieren circular en zonas como la terminal y el aeropuerto.

Remarca, además, que se sumarán 100 nuevos taxis a los 283 ya vigentes y consideró que el valor debe ser más flexible “para que, en picos de demanda, tengan el incentivo económico suficiente para tener la mayor parte del día el auto haciendo viajes”.

Opinó, además, que el contexto inflacionario genera que la regulación que obliga al Municipio a fijar la tarifa del servicio de taxis “sea ineficiente y necesite ser revisada en consecuencia”. Por eso entiende que “el mejor regulador es la libre competencia”.

El proyecto menciona también que el taxi está en mano privadas en su totalidad, por lo que puede ser considerado “servicio de interés público” o “servicio de interés general” y no debe confundirse con "servicio público”, el cual es prestado por el estado, directa o indirectamente.

Finalmente, el documento remarca que “en el caso de los remises no existe tal regulación y el precio lo determina libremente cada prestador, debiendo modificarse únicamente la ordenanza que regula la actividad de automóviles de alquiler con taxímetro”.