Afirman que al pueblo mapuche se "lo ha demonizado totalmente"

A partir de la decisión de la gestión actual de la Administración de Parques Nacionales, de dejar sin efecto la ratificación del acuerdo por el conflicto de Villa Mascardi, desde la Asociación Gremial de Abogados, entidad que acompaña judicialmente a la lof Lafken Winkul Mapu, plantearon que en las distintas causas que han intervenido en defensa de comunidades indígenas prevaleció “la criminalización y el no reconocimiento de la existencia del pueblo mapuche”.

“Sobre todo si pretenden mantener su identidad y autonomía a resguardo de un Estado que, desde el genocidio perpetrado con la mal llamada Conquista del Desierto en el siglo XIX, no ha dejado de perseguir y discriminar a los sobrevivientes”, apuntaron los letrados.

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“También hemos denunciado que dicha criminalización obedece a un capitalismo e imperialismo cuyo único fin es el saqueo y la entrega de la Patagonia a los intereses del capital financiero. Está claro que esa política se reprodujo con menor o mayor intensidad durante los distintos gobiernos”, añadieron. 

En tal sentido, destacaron el caso de la lof Lafken Winkul Mapu, a la que describieron como una “comunidad que osó generar a la primera machi (autoridad espiritual mapuche) después de medio siglo de su extinción en el lado argentino, erigiendo el rewe (sitio sagrado) donde muchas de sus comunidades concurrían a resolver sus problemas de salud y espirituales en un territorio de Parques Nacionales (de esos que usurpó el estado Argentino luego de la conquista)”. 

Y sostuvieron: “La comunidad Winkul fue salvajemente reprimida durante el gobierno de Mauricio Macri de la mano de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asesinando a Rafita Nahuel e hiriendo a otros dos lagmien (hermanos), y luego, en el gobierno de Alberto Fernández, nuevamente fue desalojada violentamente de la mano de su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, creando el Comando Unificado que militarizó toda la zona acorde a las leyes antiterroristas votadas durante el gobierno de Kirchner”. 

Así, manifestaron: “El año pasado varias de las comunidades mapuches más representativas exigieron al gobierno nacional una mesa de diálogo para resolver el conflicto de la Winkul, a lo que el gobierno accedió, delegando la negociación en la Secretaría de Derechos Humanos”.

“No fue un detalle menor que la mesa se desarrolló con tres de las lagmien (incluida la machi) presas, en violación a las leyes vigentes”, añadieron. 

“La mesa avanzó con mucha dificultad, con la actitud de boicot permanente de Parques Nacionales, fiel a su origen e historia, que está dispuesto a entregar los territorios a grandes concesiones de negocios inmobiliarios, pero no le tiembla el pulso para detener cualquier reclamo legítimo de los pueblos originarios”, consideraron. 

“Sin embargo, finalmente se logró un acuerdo firmado por el gobierno nacional y las comunidades mapuches participantes, dentro del cual se establecía la resolución del conflicto judicial de las causas en curso contra la comunidad por el mecanismo de la conciliación”, sostuvieron. 

“Dicho acuerdo se presentó en forma conjunta con la Gremial de Abogados y Parques Nacionales en los dos expedientes", dijeron.

De esa manera, explicaron: "En el primero, lo que llamamos la causa madre, del desalojo de 2017, el juez lo homologó y la fiscalía apeló”. 

“En el segundo, del otro desalojo, que nosotros llamamos causa trucha, el tribunal no lo homologó y la Gremial apeló”, agregaron.

En tal sentido, aclararon que las acciones, de la fiscalía y de la Gremial, “se encuentran en la Cámara de Casación Federal pero en distintas salas”. 

“Por supuesto, como ha sido siempre históricamente, el Estado no cumplió un solo punto del acuerdo, mientras que la comunidad sí lo hizo. Más lastimoso fue ver meses antes del cambio de gobierno a los funcionarios atados a sus sillas o a su futuro, escondiendo la lapicera para no quedar comprometidos”, afirmaron, y hablaron de  “un Poder Judicial al servicio de los intereses más poderosos”. 

De tal forma, indicaron: “Como era de esperar, ahora se presenta Parques Nacionales planteando la revocación del acuerdo, como si el nuevo gobierno fuera otro Estado".

"Como todos y todas deben saber, por sentido común, el Estado no puede andar firmando cosas y luego desdiciéndose según el parecer de cada gobierno, cosa que obviamente no sucede con los grandes negociados que cada gestión va firmando desde hace siglos en Argentina”, opinaron.

“No podemos dejar de decir, además, que este hecho se da en un contexto de ofensiva tremenda del Gobierno nacional y el Poder Judicial en todas las causas mapuches que están en curso, avanzando en lo que antes no habían logrado ‘libremente’ por las vías legales”, afirmaron.

Los miembros de la Gremial de Abogados concluyeron que al pueblo mapuche “se lo ha demonizado totalmente”.