Reforma constitucional en La Rioja pone en riesgo la libertad de expresión

El proyecto de reforma constitucional presentado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha generado controversia al plantear medidas que podrían limitar la libertad de expresión y poner en peligro al periodismo de investigación en la provincia del noroeste argentino. La oposición sostiene que de aprobarse esta reforma, los periodistas podrían enfrentar represalias y hasta prisión por cuestionar al poder.

Especialistas en derecho constitucional han señalado que el proyecto colisiona con la Carta Magna del país, la cual garantiza la libre expresión de los ciudadanos argentinos. Numerosas preocupaciones han surgido ante el análisis detallado del proyecto. Se ha obtenido acceso al artículo referente a la "Libertad de Pensamiento, Libertad de Expresión, Libre acceso a la información pública, Protección a la Libertad de Prensa, Abuso a la Libertad de Expresión o de Prensa y Protección a la intimidad", según lo que publicó el sitio Noticias Argentinas

Uno de los principales puntos de conflicto se encuentra en el artículo 36, titulado "abuso a la libertad de expresión o de Prensa". En este se establece que aquellos actos que constituyan delitos comunes en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de prensa darán lugar a responsabilidades patrimoniales ulteriores. Asimismo, se considera lesiva para la independencia judicial el uso de los medios de comunicación social para influir en el contenido de las resoluciones judiciales.

El artículo 36 en la reforma riojana
Dice el artículo 36 titulado “abuso a la libertad de expresión o de Prensa”: 

• “Se considerará abuso a la libertad de expresión o de prensa los hechos constitutivos de delitos comunes, quedarán sujetos a las responsabilidades patrimoniales ulteriores del ejercicio individual de derechos de quienes hayan visto afectado su honor, intimidad, dignidad o hayan sido privados indebidamente del derecho a réplica". 
• "La utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer e influir el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se considera lesiva para la independencia judicial y sujeto a responsabilidad ulterior”.

Este aspecto ha sido ampliamente criticado por abogados constitucionalistas y opositores al gobierno de Quintela, quienes lo consideran una violación a la Constitución Nacional y un riesgo para el periodismo de investigación. Si un funcionario investigado por el periodismo decidiera emprender acciones legales contra un comunicador, este último podría enfrentar consecuencias por el simple hecho de haberlo investigado. Este escenario es similar a casos previos, como el del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien condenado por corrupción demandó al periodista que lo investigó.

El surgimiento de este proyecto se da en un contexto en el que se ha popularizado un periodismo que pone bajo la lupa al periodismo de investigación en lugar de profundizar en la veracidad de las denuncias realizadas. Esta tendencia supone una amenaza para la labor de los profesionales de la información. La implementación de esta reforma en La Rioja podría significar el fin del periodismo de investigación local y un claro intento por silenciar a aquellos profesionales que incomodan a los corruptos en el poder.

Ante estas circunstancias, surge la pregunta de si algún periodista local se atreverá, tras la aprobación de la reforma constitucional, a investigar a un poderoso. El gobierno de La Rioja se acerca a obtener el silencio de la prensa crítica, un hecho que lamentablemente puede reproducirse en otros puntos del país si no se toman medidas al respecto.