Carriqueo apunta a un repaso histórico y a la importancia de que el acuerdo por Villa Mascardi se cumpla

Ante lo que sucede en relación al conflicto de Villa Mascardi, donde se anunció para abril el juicio vinculado a la situación que se vivió en 2022, con el incendio de la propiedad Los Radales y el posterior ataque a un puesto móvil de Gendarmería que derivó en el desalojo de octubre de aquel año, desde la defensa de la lof Lafken Winkul Mapu pusieron el acento en que el acuerdo firmado en junio de 2023, entre referentes mapuches y funcionarios nacionales, debería impedir la acción judicial.

Al respecto, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, destacó el valor que, en aquel momento, tuvo la rúbrica de aquel pacto: “Reconocer espacios espirituales, y fundamentalmente el uso de la medicina tradicional mapuche, implica, asimismo, un reconocimiento también al territorio”.

De esa manera, el representante de los pueblos originarios rionegrinos enlazó lo que, para los indígenas, significaba que se aceptara la existencia del rewe de la machi Betiana Colhuan, es decir, un espacio considerado sagrado, con la cuestión vinculada a la posesión comunitaria de tierras.

Pero, como es sabido, el acuerdo no se cristalizó por completo. 

Si bien la machi ha vuelto al rewe, no permanece en el lugar porque las rukas (casas mapuches) prometidas nunca se hicieron, como así tampoco se le dio al resto de la comunidad un sitio para que se ubicara, tal como figuraba en lo rubricado.

Ante esa perspectiva, Carriqueo recordó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales “habla, precisamente, de reivindicaciones territoriales”.

El werken reconoció que aquello no es fácil de llevar a la práctica: “Son procesos que generan tensiones frente al Estado, pero que el propio Estado debe resolver en virtud de la historia”, consideró.

En ese sentido, sostuvo: “En la Patagonia nadie puede desconocer que todos los territorios eran indígenas hasta hace ciento cuarenta y cinco años”.

Como fundamento ante lo dicho, se remitió a la cartografía de aquellos tiempos: “En mapas de la época, se observa que gran parte del norte no estaba incorporado al Estado, igual que la Patagonia”.

A la vez, mencionó el inciso 15 del artículo 67 de la Constitución Nacional de 1853, que establecía que le correspondía al Congreso “proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”.

Carriqueo afirmó que, justamente, el punto referido al “trato pacífico” no fue respetado. “Ese precepto constitucional se violó”, sostuvo, e indicó: “Para eso utilizaron el argumento de que los araucanos provenían de Chile, que habían invadido esta parte y que el pueblo originario de esta zona era el tehuelche. Por supuesto, eso es una gran mentira que el sistema educativo ha sostenido”.

“Al estudiar el genocidio indígena, se están conociendo datos que plantean, en términos arqueológicos, la presencia de habitantes desde hace trece mil años en la meseta de Somuncurá, por ejemplo”, explicó el werken, para luego agregar: “Hay corrales de pesca en la zona del océano Atlántico y, a la misma altura, los mismos en el Pacífico, lo cual da una característica del uso territorial”.

“Al no haber propiedad privada, al no existir fronteras, el uso comunitario y colectivo estaba dado por lo que hacían los pueblos indígenas con el lugar”, manifestó.

“Hipócritamente, cuando se habla de que los mapuches vinieron a matar a los tehuelches, en realidad, quien hizo eso fue el Ejército Argentino”, afirmó Carriqueo, quien también expresó que “en el campo de concentración de Valcheta había tanto gente mapuche como tehuelche”.

“De hecho, en Río Negro las comunidades nos reconocemos mapuche-tehuelches, porque existían lazos en las pautas culturales, en los intercambios de productos y en las relaciones familiares”, concluyó.