Defensa de Pajarín pide suspender el juicio y pagar 800 mil pesos como reparación 

Pese a que habían buscado una salida alternativa en la previa, fiscalía y querella llegaron a la audiencia de Control de Acusación para reclamar la elevación a juicio del caso contra Federico Pajarín, alegando que no hubo posibilidades de acuerdo. No obstante, la defensa pidió suspender el proceso y sujetar a Pajarín a todas las pautas de conducta que se consideren necesarias, además del pago de la compensación económica. El juez tomará al menos 48 horas para decidir.

El defensor Juan Manuel García Berro relató que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, se encuentra en sede laboral buscando un acuerdo para cerrar la causa en ese fuero, en el que el último ofrecimiento a la familia asciende a los 23 millones de pesos.

Pajarín era concesionario del refugio Frey, cuando, en abril del año pasado, Manuel Benítez murió intentando llegar a ese lugar, donde trabajaba, en medio de una tormenta de nieve.

En ese escenario, a pesar de que Pajarín supo que Manuel no había llegado ese día al refugio y no había señales de él, demoró en dar el alerta a la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, entidad que precisamente, le había dado la concesión del refugio que explotaba.

Al día siguiente se montó un operativo de búsqueda y se encontró en primera instancia su mochila y los bastones. Después encontrarían su cuerpo, cubierto por nieve y a tan solo unos metros del refugio. 

Para la defensa: "Está claro que se trata de un accidente laboral in itinere, es decir cuando el empleado va hacia su trabajo en el marco de una autonomía decisoria". Además, según la teoría defensiva, aunque la hipótesis de la fiscalía sea cierta, "Pajarín no tuvo el dominio pleno del hecho". 

Ofreció que Pajarín pague 800 mil pesos en 4 cuotas de 200, a modo de compensar los daños ocasionados y someterse a todas las pautas que se dispongan por el tiempo que se estime conveniente para suspender el proceso y no llegar a la instancia de juicio oral. Según argumentó, están dados todos los requisitos legales que exige la norma para que el acusado acceda a ese derecho.

No obstante la fiscalía y la querella se negaron enfáticamente a esa solución, apuntando a la negativa de la familia a ese tipo de tratamiento para el caso, aunque la Ley no establece que sea necesario su consentimiento.

Tras escuchar las posiciones de las partes, el juez Bernardo Campana, confirmado en el cargo tras el rechazo a una recusación planteada por los acusadores, tomó un cuarto intermedio de al menos 48 horas para dar a conocer su decisión, aunque mientras explicaba la postura adoptada, invitó a las partes a pronunciar las conversaciones para intentar arribar a un acuerdo que dé una salida alternativa al caso.