Julieta Wallace: "Falta una política pública que garantice el acceso a las costas en Bariloche"

El reclamo por el libre acceso a las costas se mantiene en Bariloche y si bien hay una legislación que brinda un marco regulatorio, las denuncias de vecinos perduran ante la poca fiscalización del Estado. Este año realizaron una jornada de natación para visibilizar la demanda. 

“Comienza la primavera, los días lindos y las playas cerradas” señaló la concejal Julieta Wallace a El Cordillerano, recordando que el municipio se había comprometido con implementar una escalera alternativa para la bajada del km 6, “pero en ese momento estaba Viviana Gelain como secretaria de Gestión Urbana, ahora ya no está y todo quedó en la nada”. 

El Art. 73 de la Constitución Provincial garantiza el libre acceso y circulación a las costas de ríos, riberas de lagos y espejos de agua. Mientras que a nivel local, el Concejo Deliberante aprobó en 2015 la Ordenanza 2.694 que establece un régimen administrativo entre los límites de la propiedad privada y el lago; marcando una restricción de 35 mts. sobre los lotes que linden con las costas de lagos, ríos y lagunas de Bariloche. 

Respecto a esta legislación, Wallace expresó que “hay que preguntarse por qué no hubo una política pública destinada a garantizar el acceso libre de las costas y por el contrario estuvo garantizando a los negociados”.

"La línea de ribera es un cálculo que se hace con la mayor crecida del lago que delimita el espacio público, del privado y la playa misma. No es lo mismo que la servidumbre es el acceso a las playas. El Código Civil establece 15 metros, aunque entiendo que es una cuestión de fondo en este caso”, explicó.

Además, precisó que existe un documento que da cuenta de 125 bajadas a los lagos Nahuel Huapi y Moreno, aunque expresó que “hace años no hay una política pública destinada a garantizar el acceso a las costas". 

“Existe el relevamiento, sin embargo hay bajadas imposibilitadas, como la 42, donde el Estado municipal había dado la garantía de una escalera, hay un proyecto de ordenanza que ingresó donde la idea es generar un convenio con un privado. Lo que está faltando es una clara decisión o definición política respecto a esta problemática” agregó. 

 Remarcó que desde el bloque impulsaron el sendero Andrés Quintero (el joven que perdió la vida cuando se encontraba en kayak en el lago Moreno, en 2020),  “y hubo una discusión, el proyecto surge porque justamente en la búsqueda de Andrés advirtieron que no podían acceder a las costas”. 

“A partir de ahí impulsamos el sendero y cuando uno lo camina, advierte que hay propiedades que tienen invasión de alambres y muelles. De ninguna manera pueden invadir el estado público y si lo hace sin autorización, se multa o directamente demoler la estructura que impide el acceso, el que tiene que avanzar es el Estado” señaló Wallace. 

“Pedimos que se respeten los bienes comunes, como el acceso al lago, no estamos contra los privados. Pero vemos lo ambiental, no está en la agenda. Es una decisión política, en 2023 con la tecnología que hay, se puede ver qué accesos están impedidos, hoy en día hay una riqueza tecnología que permite identificarlos. Si hay definiciones políticas se puede, pero si tenés cinco inspectores para toda la ciudad es imposible”, concluyó Wallace.